lunes , diciembre 8 2025
Contraloría exige la nulidad del contrato con Panama Ports: ¿fin a un pacto abusivo?

Contraloría exige la nulidad del contrato con Panama Ports: ¿fin a un pacto abusivo?

La Contraloría General de la República ha llevado ante la Corte Suprema de Justicia el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, calificándolo de “abusivo” y “leonino”. El contralor Anel Flores presentó dos demandas una de inconstitucionalidad y otra de nulidad tras detectar múltiples irregularidades que, según su auditoría, han perjudicado históricamente a los intereses nacionales.

El origen del conflicto y acciones legales

El contrato, vigente desde hace más de veinte años, permitió a Panama Ports operar los principales puertos del país. Sin embargo, la Contraloría sostiene que las condiciones fueron desfavorables para Panamá, generando bajos ingresos públicos pese a la magnitud de las operaciones. “No solamente era un contrato malo, sino leonino, abusivo contra los intereses del país”, afirmó Flores.

La auditoría reveló prácticas lesivas y la existencia de transacciones multimillonarias internacionales sobre activos vinculados a Panama Ports, donde la República de Panamá propietaria de los puertos de Balboa y Cristóbal no está contemplada en los beneficios ni considerada en dichas negociaciones. Esta situación, según el contralor, representa una afrenta a la soberanía económica nacional.

Flores enfatizó el deber de su despacho de proteger el erario y actuar con firmeza ante posibles perjuicios económicos, demandando la intervención pronta de la Corte Suprema para corregir lo que califica como un “daño histórico”.

Clamor por transparencia y futuro judicial

Por más de dos décadas, distintas administraciones han sido señaladas por la falta de transparencia en la gestión del contrato con la compañía portuaria. Para la Contraloría, la experiencia ha sido “perjudicial” para el país y requiere una revisión judicial que responda al clamor ciudadano. Flores espera que las demandas sean admitidas de forma expedita y marque el inicio de una nueva etapa en la defensa del patrimonio nacional.

“Es un interés público que el panameño tenga sus dineros y sea resguardado… y que alguien vele por esos intereses de todos nosotros”, declaró el contralor Anel Flores.

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