El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, se pronunció en contra de las jubilaciones especiales que fueron aprobadas recientemente para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Orillac calificó estas jubilaciones como una medida injusta y un reflejo claro de desigualdad en el país, subrayando que la situación económica actual no permite asumir estos compromisos debido a la austeridad fiscal que enfrenta Panamá.
Estas jubilaciones especiales fueron establecidas mediante el Acuerdo No. 407, aprobado el 18 de julio de 2024, que concede a los jueces y magistrados que alcanzan la edad de retiro una compensación equivalente al 100% o un porcentaje de su último salario, dependiendo de su nivel de responsabilidad. Esta medida incluye también un aumento salarial que llevó los sueldos mensuales de los magistrados a 14,000 dólares, cifra significativamente mayor que el salario promedio nacional.
El ministro Orillac afirmó que el presupuesto nacional no contempla estos gastos adicionales, lo que genera preocupación en el Ejecutivo sobre el impacto fiscal. Además, enfatizó que esta situación acrecienta la desigualdad social y resulta contradictoria con las políticas de austeridad y manejo riguroso de las finanzas públicas que el gobierno está promoviendo.
El rechazo a estas jubilaciones especiales no solo proviene del Ejecutivo. Sectores empresariales y organizaciones ciudadanas también han denunciado que estos beneficios profundizan la inequidad y erosionan la confianza en las instituciones públicas. Incluso, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha solicitado formalmente a la Corte Suprema y al Tribunal Electoral reconsiderar tanto las jubilaciones especiales como los recientes aumentos salariales para magistrados, enfatizando la necesidad de mantener prudencia fiscal y responsabilidad en el gasto público.
En este contexto, el Gobierno de Panamá continúa en diálogo para buscar soluciones que respeten los derechos adquiridos sin comprometer la estabilidad financiera ni la equidad social del país.