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Estados Unidos ha desplegado un escuadrón anfibio en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, en una clara demostración de fuerza destinada a combatir las amenazas que representan los cárteles de la droga. Esta acción, ordenada por el presidente Donald Trump, tiene como objetivo principal frenar el flujo de narcóticos hacia territorio estadounidense y llevar ante la justicia a los responsables. La medida ha generado fuertes reacciones tanto en la región como a nivel internacional.
Según fuentes anónimas familiarizadas con la operación, el escuadrón anfibio está compuesto por los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale. Estas embarcaciones transportan un total de 4.500 efectivos, incluyendo 2.200 marines, lo que subraya la seriedad de la misión. Si bien los detalles específicos de la operación no han sido revelados, se entiende que el despliegue responde a la necesidad de abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente aquellas provenientes de organizaciones designadas como «narco-terroristas».
La Casa Blanca confirmó el envío de tres navíos, acompañados de submarinos nucleares, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, destructores y al menos un buque de guerra equipado con misiles. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró que el presidente Trump está decidido a «frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia». Además, la funcionaria calificó abiertamente al régimen de Nicolás Maduro como «un cartel del narcotráfico», acusando al líder venezolano de encabezar la organización Cartel de los Soles.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una carta en la que se reinterpreta el alcance de las competencias del Ejército estadounidense, incluyendo el sellado de fronteras, la repulsión de invasiones (incluida la inmigración masiva) y el combate a actividades criminales como el tráfico de drogas y el contrabando de personas. Esta redefinición de las competencias militares ha sido vista como una justificación legal para la intervención en la lucha contra el narcotráfico.
Las acciones estadounidenses han provocado respuestas inmediatas en la región. El régimen de Cuba denunció la presencia de fuerzas estadounidenses como parte de una «agenda corrupta» atribuida al secretario de Estado Marco Rubio, instando a respetar la región como «una zona de paz». La Cancillería cubana solicitó el cese de maniobras que puedan poner en peligro la estabilidad del Caribe. Por su parte, el régimen de Maduro movilizó a millones de milicianos en Venezuela, en lo que denominó un «plan de paz» ante posibles amenazas externas. Maduro afirmó que las acciones de Estados Unidos no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región.
En las últimas semanas, Washington ha intensificado sus acusaciones contra Maduro y su entorno. La Fiscalía estadounidense y la DEA han incautado 30 toneladas de cocaína presuntamente ligadas a Maduro y siete toneladas vinculadas personalmente al mandatario venezolano. Además, se han confiscado activos valorados en más de 700 millones de dólares. A principios de mes, el gobierno estadounidense incrementó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención de Maduro.
Este despliegue militar, la intensificación de denuncias y las reacciones de los Estados del área han creado un clima de alta tensión entre Estados Unidos y Venezuela, con consecuencias directas en la cooperación regional y la estabilidad del Caribe. La situación sigue siendo volátil y las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de las relaciones entre ambos países y la región en general.
