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La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha emitido un contundente informe que revela una alarmante situación en Nicaragua durante el primer semestre de 2025. El documento detalla al menos 16 casos de tortura, incluyendo violencia sexual, y 31 desapariciones forzadas, evidenciando un patrón sistemático de represión y violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
Presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe abarca el periodo entre junio de 2024 y junio de 2025. Además de los casos de tortura y desapariciones, se documentaron 52 casos de denegación arbitraria de reentrada al país y 156 expulsiones sin el debido proceso legal. La situación se agrava con la noticia de que, en septiembre de 2024, la Corte Suprema expulsó a 135 personas detenidas por motivos políticos hacia Guatemala, revocándoles la nacionalidad y confiscando sus bienes, según denunció Maarit Kohonen, directora de la División de Operaciones Globales de la ONU.
La reforma constitucional de enero de 2025, que concentra el poder en la presidencia e introduce la figura de la copresidencia sin elección popular, ha sido señalada como un factor que agrava la situación de los derechos humanos. Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ostentan actualmente la copresidencia. Esta reforma, según Kohonen, “redujo la separación de poderes, debilitó el pluralismo político de cara a futuras elecciones” y “elimina garantías fundamentales como la prohibición expresa de la tortura, el derecho al debido proceso, o la prohibición de la censura”.
La ONU también expresó su preocupación por el asesinato en Costa Rica del mayor retirado del ejército Roberto Samcam, un hecho que, según la organización, “refleja los riesgos que enfrentan los nicaragüenses en el exilio”.
La represión también se extiende a la sociedad civil y a la libertad religiosa. Desde 2018, se han cancelado la personalidad jurídica de 5.535 organizaciones, incluyendo 850 asociaciones religiosas. Además, siete sacerdotes han sido expulsados, un pastor evangélico ha sido detenido arbitrariamente y dos laicas se encuentran en situación de desaparición forzada.
El informe de la ONU también denuncia el asesinato de cuatro líderes comunitarios, presuntamente por defender sus territorios, y la desaparición de un líder indígena.
Ante esta grave situación, la Oficina de la ONU insta al Gobierno de Nicaragua a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad y a esclarecer el paradero de aquellas en situación de desaparición forzada. La organización reitera su llamado a que se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas nicaragüenses, dentro y fuera del país.
