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La detención de Uriel «N», el hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum en un evento público en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ha generado una ola de reacciones y un intenso debate sobre el acoso sexual y la seguridad de los funcionarios públicos. El incidente, capturado en video y ampliamente difundido en redes sociales, muestra a Uriel «N» abrazando e intentando besar a la mandataria sin su consentimiento mientras ella saludaba a los transeúntes.
El incidente ocurrió frente a Palacio Nacional, cuando Sheinbaum se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Tras el primer intento de acercamiento, el equipo de seguridad de la presidenta intervino, pero el agresor volvió a intentar acercarse antes de ser finalmente contenido. El hombre, visiblemente alterado, fue escuchado diciendo «Claudia de América» antes de ser retirado del lugar.
La detención de Uriel «N» se produjo horas después del incidente. La noticia fue confirmada por el periodista Carlos Jiménez a través de sus redes sociales, generando alivio y demandas de justicia por parte de diversos sectores de la sociedad.
El video del acoso provocó una fuerte reacción en plataformas digitales, con colectivos feministas y legisladores condenando enérgicamente el acto. Se exigió la identificación y sanción inmediata del agresor, subrayando que el acoso sexual es un delito, independientemente de la jerarquía de la víctima o el contexto en el que se produzca.
La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresó su solidaridad con Sheinbaum y condenó el acto como una muestra de misoginia y de la cultura machista prevaleciente en el país. Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, solicitó que se aumenten las precauciones en la protección de la presidenta, advirtiendo sobre los riesgos que representa la presencia de personas desequilibradas.
Las consecuencias legales que enfrentará Uriel «N» podrían ser significativas. De acuerdo con el Código Penal Federal, el artículo 259 Bis estipula penas de seis a diez años de prisión y hasta 200 días multa para quien hostigue o acose sexualmente, especialmente si el acto se tipifica como abuso sexual agravado. El Código Penal de la Ciudad de México también contempla penas de uno a tres años de prisión y multas de 100 a 200 días en casos de acoso con contacto físico no consentido. La gravedad de la sanción dependerá de la calificación jurídica del hecho y de la existencia de factores agravantes, como la utilización de violencia o el estado de vulnerabilidad de la víctima.
En diversas entidades del país, el acoso sexual callejero puede castigarse con hasta ocho años de prisión y 500 días multa. Este caso subraya la importancia de combatir el acoso en todas sus formas y de garantizar la seguridad y el respeto de todas las personas, sin importar su posición o género. La detención de Uriel «N» es un paso importante en la lucha contra la impunidad en casos de acoso sexual y un recordatorio de que estos actos no serán tolerados.
