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El Gobierno Colombiano ha decidido dar un paso atrás con el Proyecto de Ley 347 de 2026. Esta iniciativa buscaba reformar el régimen sancionatorio del sector transporte, pero generó una ola de rechazo por sus medidas restrictivas contra plataformas digitales. Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, confirmó que el retiro busca ajustar el articulado ante las múltiples interpretaciones que surgieron en la opinión pública.
El impacto del proyecto en el sector transporte
La propuesta original no solo apuntaba a las empresas prestadoras de servicios, sino que afectaba directamente el bolsillo de los ciudadanos. Entre los puntos más críticos se encontraba la imposición de multas de hasta $4,7 millones de pesos para los usuarios de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify o Yango. Además, los conductores se enfrentaban a la inmovilización de sus vehículos por periodos de hasta 120 días, una medida considerada desproporcionada por diversos gremios.
Sanciones y bloqueos digitales
El texto también contemplaba el bloqueo de las plataformas tecnológicas a través de operadores de internet. Esta disposición ponía en riesgo el sustento de miles de familias que dependen de la economía colaborativa y limitaba la libertad de elección en la movilidad urbana. La intención inicial del Ministerio era combatir la informalidad, pero el método propuesto fue percibido como una persecución directa a la innovación tecnológica y al derecho al trabajo.
Razones detrás del retiro y ajustes técnicos
La presión de los gremios y la necesidad de brindar seguridad jurídica obligaron al Ejecutivo a reconsiderar el trámite legislativo. Serna explicó que el Gobierno nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmita mayor claridad y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando. El objetivo es eliminar la ambigüedad y garantizar que las normas de inspección y vigilancia no se conviertan en un obstáculo para el desarrollo digital.
El futuro de la regulación de movilidad en Colombia
Aunque el proyecto fue suspendido temporalmente, el debate sobre el transporte informal y su regulación sigue vigente en la agenda pública. Las autoridades aseguran que volverán a presentar la propuesta una vez se logre un consenso real con todos los actores involucrados. Se espera que el nuevo documento equilibre la necesidad de control estatal con la protección de los derechos de los usuarios y la estabilidad de las plataformas digitales. Por ahora, el retiro representa un alivio para el ecosistema de movilidad en el país, permitiendo un espacio de diálogo constructivo.
