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En una decisión estratégica para la infraestructura de comunicaciones del país, el Consejo de Gabinete ha dado luz verde a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) para formalizar una adenda que extiende la vigencia del servicio de telefonía fija en las instituciones públicas. Esta medida busca evitar cualquier interrupción en la operatividad del Estado y asegurar que los ciudadanos mantengan acceso ininterrumpido a líneas de asistencia vital.
El rol del Consejo de Gabinete en la conectividad nacional
Mediante la aprobación de la Resolución N°1-26, el Consejo de Gabinete ha establecido un marco de estabilidad para las telecomunicaciones gubernamentales. La prórroga pactada comprende un periodo de 24 meses, iniciando el 1 de enero de 2026 y extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta resolución no solo responde a una necesidad administrativa, sino que se fundamenta en un análisis técnico de la AIG sobre las inversiones realizadas por el operador actual y la complejidad de los plazos requeridos para una transición tecnológica ordenada.
La decisión de extender el contrato vigente permite que la administración pública mantenga su capacidad de respuesta en más de 7,000 puntos de servicio distribuidos en todo el territorio nacional. Con una base de usuarios que supera las 89,000 personas, la telefonía fija sigue siendo un pilar fundamental para la gestión diaria de ministerios, dependencias autónomas y gobiernos locales.
Protección de servicios críticos y atención ciudadana
Uno de los puntos más relevantes de esta extensión es el blindaje de las líneas de interés social. El Estado considera imperativo que servicios de emergencia como el 103 de los Bomberos, el 104 de la Policía Nacional y el 911 (SUME) operen sin contratiempos. Asimismo, el sistema 311 de Atención Ciudadana, que actúa como el principal puente de comunicación entre el panameño y las instituciones, queda protegido bajo este acuerdo.
La continuidad de estos canales de voz es esencial para la seguridad nacional y la paz social. La AIG ha enfatizado que la telefonía fija no es solo una herramienta de oficina, sino el soporte técnico de una red de respuesta inmediata que salva vidas y facilita la resolución de conflictos en tiempo real.
Hacia una nueva licitación pública transparente
El periodo de 24 meses otorgado por el Consejo de Gabinete servirá como una ventana de oportunidad para que la AIG diseñe y ejecute un nuevo proceso de licitación pública. Este tiempo adicional es crucial para integrar mejoras técnicas y funcionalidades modernas que el Estado panameño requiere para su digitalización.
El objetivo final es promover una competencia sana entre los operadores de telecomunicaciones del país, asegurando que la próxima contratación no solo sea económicamente eficiente, sino que también ofrezca estándares de calidad superiores. Mientras tanto, la adenda garantiza que la maquinaria estatal no se detenga, manteniendo la conectividad como un derecho y una herramienta de servicio público.
