viernes , febrero 27 2026
Fiscalía allana oficinas vinculadas a Panama Ports en medio de crisis tras anulación de concesión

Fiscalía allana oficinas vinculadas a Panama Ports en medio de crisis tras anulación de concesión

El Ministerio Público de Panamá allanó tres oficinas vinculadas a Panama Ports Company (PPC), en el marco de una investigación iniciada de oficio tras la presunta comisión de un hecho ilícito relacionado con la empresa portuaria.

La diligencia fue confirmada por el fiscal superior de Atención Primaria, Azael Samaniego, quien explicó que las actuaciones forman parte de los actos iniciales de pesquisa. Durante el operativo se retuvo documentación que será sometida a análisis pericial, mientras los locales quedaron bajo custodia temporal con medidas de aseguramiento.

Según detalló el fiscal, inicialmente se intervinieron dos oficinas y posteriormente se extendió el procedimiento a una tercera. Por el momento, no se ha precisado la titularidad jurídica de las oficinas ni la naturaleza exacta del material incautado.

Contexto: fallo de la Corte y toma de control

El allanamiento ocurre tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a PPC para operar las terminales de Balboa y Cristóbal.

La publicación de la decisión en la Gaceta Oficial formalizó la terminación del contrato y abrió paso a la toma de control estatal de ambas terminales, consideradas estratégicas para el comercio internacional panameño.

Posteriormente, el Estado contrató a APM Terminals Panamá S.A. para la operación temporal del puerto de Balboa y a TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), para la administración provisional del puerto de Cristóbal, bajo acuerdos transitorios por 18 meses.

Auditoría y posibles responsabilidades

El proceso judicial también ocurre luego de que la Contraloría General de la República de Panamá publicara un informe de auditoría en el que advertía indicios de posible lesión patrimonial vinculada a la concesión portuaria, prorrogada en 2021.

El fiscal Samaniego indicó que la investigación se encuentra en fase preliminar y que el análisis del material incautado permitirá establecer si existen responsabilidades penales y definir el alcance del proceso.

Hasta el momento, PPC no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el allanamiento de las oficinas ubicadas fuera de las terminales portuarias.

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