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Sicarelle Holdings, una de las empresas más señaladas por posibles negociaciones irregulares durante el gobierno de Laurentino Cortizo, ha cambiado su nombre comercial a Smarth Health. La compañía, dirigida por Juan Carlos López, obtuvo múltiples contratos con el Ministerio de Salud (MINSA) durante la pandemia y, a la fecha, mantiene adjudicaciones con el Órgano Judicial y el Metro de Panamá, entre otras instituciones.
Sin embargo, esta semana su reputación volvió a quedar en entredicho cuando la Asamblea Nacional detuvo un traslado de partida por más de $7 millones que beneficiaría a la empresa.
Crecimiento acelerado y adjudicaciones millonarias
Desde su fundación en 2013, Sicarelle Holdings ha obtenido más de 150 contratos estatales, sumando alrededor de $50 millones en adjudicaciones. Sus áreas de trabajo abarcan desde infraestructura y mantenimiento hasta tecnología, con contratos en entidades clave como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y varias municipalidades.
Algunos contratos destacados:
- Rehabilitación de vías en distintos puntos del país.
- Suministro de equipos tecnológicos a instituciones gubernamentales.
- Proyectos con montos superiores a $3 millones por adjudicación.
Bajo la lupa: denuncias y cuestionamientos
El rápido ascenso de Sicarelle Holdings en el sector público ha generado sospechas y críticas, especialmente por la preferencia en adjudicaciones directas y retrasos en la entrega de proyectos. La empresa ha sido cuestionada por presuntas fallas en el cumplimiento de especificaciones técnicas y la falta de competencia en licitaciones clave.
Además, se han señalado posibles vínculos políticos que favorecieron sus contrataciones. En particular, se menciona su cercanía con Nadia del Río, lo que ha levantado sospechas de favoritismo en los procesos de adjudicación.
Factores clave en la controversia:
- Más de 150 contratos adjudicados, muchos por contratación directa.
- Falta de competencia en licitaciones donde otras empresas fueron descartadas.
- Llamados de organizaciones civiles para una mayor fiscalización de los fondos públicos.
¿Hacia una mayor transparencia?
Ante el creciente malestar ciudadano, organismos como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y diversas asociaciones han solicitado auditorías independientes para revisar los contratos adjudicados a Sicarelle Holdings.
El cambio de nombre a Smarth Health parece una estrategia para distanciarse de su historial, pero la ciudadanía sigue exigiendo rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
