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La Defensoría del Pueblo de Panamá emitió este jueves un llamado urgente para que las protestas sociales en Arimae, provincia de Darién, retornen a la vía del diálogo tras escalar a niveles críticos que han dejado de ser pacíficas.
La institución defensora de derechos humanos rechazó categóricamente toda forma de violencia y exhortó a implementar métodos de mediación que permitan restaurar el clima de paz en la comunidad indígena.
«Instamos a retomar el diálogo en búsqueda de la paz social en Arimae», señaló la Defensoría en un comunicado oficial. La entidad reconoció que históricamente las protestas sociales han logrado conquistas importantes para el bien común, pero enfatizó que este derecho debe ejercerse a través de manifestaciones pacíficas.
Llamado a autoridades comarcales y fuerzas del orden
La Defensoría hizo un llamado específico a las autoridades comarcales para que actúen conforme al Estado de Derecho, garantizando la protección de sus comunidades bajo los principios de gobernanza que deben prevalecer en los pueblos originarios.
De manera particular, la institución recordó al Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y demás estamentos del orden público la importancia de apegarse estrictamente a los protocolos de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, manteniendo pleno respeto a los derechos humanos en sus intervenciones.
El diálogo como única solución legítima
«Desde la Defensoría del Pueblo, insistimos en la vía del diálogo como única herramienta legítima para resolver los conflictos», subrayó la entidad en su pronunciamiento.
La situación en Arimae se suma a las tensiones sociales que vive actualmente Panamá, particularmente en regiones como Bocas del Toro, donde también se han registrado protestas y bloqueos viales que han afectado el suministro de productos básicos.
La escalada de violencia en Arimae representa un desafío adicional para el gobierno del presidente José Raúl Mulino, quien ha enfatizado la importancia del diálogo y el respeto al derecho de protesta, pero también la necesidad de garantizar el libre tránsito y la paz social en todo el territorio nacional.
