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La reciente intensificación de la presión migratoria por parte de la administración Trump ha generado una profunda angustia entre los migrantes venezolanos en Estados Unidos, quienes enfrentan la cancelación del programa de parole humanitario que les permitía residir y trabajar legalmente de forma temporal. Esta medida ha dejado a más de 530,000 beneficiarios, incluyendo a venezolanos, en situación irregular y expuestos a procesos de deportación acelerada sin garantía de audiencia judicial. La incertidumbre legal se suma a la crisis económica que azota a Venezuela, donde la devaluación del bolívar, la inflación descontrolada y la contracción del consumo agravan las condiciones de vida, haciendo que regresar sea una opción inviable para muchos.
Migrantes como Elizabeth, residente en Miami, expresan que regresar a Venezuela “no es una opción” debido al empeoramiento de la situación económica y social. La decisión de Trump de eliminar el parole humanitario se justifica bajo el argumento del aumento de la criminalidad, aunque para los afectados representa una estocada que pone en riesgo su estabilidad laboral y personal. Además, la sensibilidad del Gobierno venezolano ante la crisis se refleja en detenciones de economistas y exfuncionarios acusados de manipular el mercado cambiario, mientras la petrolera Chevron reduce su presencia, agravando la llamada “tormenta perfecta” económica.
La deportación masiva, con más de 4,600 venezolanos expulsados en 2025 según ICE, se suma a la discriminación laboral y social que enfrentan en países latinoamericanos donde se refugian, como Ecuador y Colombia, donde estudios evidencian sesgos en ofertas de empleo y acceso a vivienda. Frente a este panorama, algunos migrantes optan por la “autodeportación” para evitar procesos migratorios traumáticos, aunque esto implica un retorno a un país en crisis y un proceso de reintegración emocional y social complejo.
En suma, la combinación de políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos y la deteriorada situación económica en Venezuela crea un escenario de desamparo y desesperanza para los migrantes venezolanos, quienes ven limitado su derecho a buscar una vida digna fuera de su país, mientras el retorno se convierte en una opción inviable y dolorosa.
