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El Gobierno de Panamá declaró un Estado de Urgencia en la provincia de Bocas del Toro por un perÃodo inicial de cinco dÃas, debido a una escalada de actos vandálicos, saqueos y disturbios que han afectado la paz y el orden público en la región. Esta medida implica la suspensión temporal de varias garantÃas constitucionales, especÃficamente los derechos relacionados con la libertad personal, inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, protección contra detención arbitraria, y libertades de pensamiento, expresión, reunión y asociación, conforme a lo establecido en el artÃculo 55 de la Constitución PolÃtica de Panamá.
La decisión fue tomada mediante decreto del Órgano Ejecutivo, acordado en Consejo de Gabinete, con el objetivo de frenar la ola de violencia y proteger a la mayorÃa de los ciudadanos que desean la paz social. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que la medida busca restringir movimientos y reuniones de grupos delictivos que se infiltran en protestas pacÃficas y que han protagonizado saqueos en instalaciones públicas como el aeropuerto Manuel Niño, el estadio Calvin Byron, comercios y la empresa bananera Chiquita Panamá.
El Estado de Urgencia se aplica exclusivamente en Bocas del Toro y, si se extiende más de diez dÃas, la Asamblea Nacional deberá conocer el decreto y confirmar o revocar las decisiones adoptadas. Además, cuando cesen las causas que originaron la medida, corresponde a la Asamblea evaluar su levantamiento.
Esta situación se da en el contexto de un conflicto social activo desde abril, motivado por protestas contra reformas a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, bloqueos de vÃas, huelgas y enfrentamientos que han afectado el turismo, la economÃa y servicios esenciales en la provincia. La suspensión del suministro de agua potable y el cierre preventivo de comercios han sido reportados como parte de la crisis.
En resumen, la declaración del Estado de Urgencia en Bocas del Toro es una medida excepcional para restablecer el orden público ante una grave perturbación interna que amenaza la paz social y la institucionalidad democrática en esa región de Panamá.
