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El abogado Adolfo Linares ha respaldado la legalidad de los reemplazos de docentes que el Ministerio de Educación de Panamá está implementando ante la negativa de los educadores en huelga a regresar a clases. Según Linares, esta medida no solo es legal, sino que debió haberse aplicado desde 2023, cuando las protestas masivas por el tema minero paralizaron el sistema educativo.
Argumentos de legalidad y urgencia
Linares sostiene que atender a los estudiantes es un tema de extrema urgencia y que la ley no prohíbe la sustitución de docentes que, por decisión propia, han abandonado sus cargos. Critica que se pretenda usar la ley de educación como una “patente de corso” para permitir que los educadores permanezcan indefinidamente en huelga o sin cumplir sus funciones. Para el abogado, la demora en aplicar los reemplazos ha sido el principal error, ya que la decisión debió tomarse desde el inicio de las protestas.
Cambios normativos y consecuencias salariales
El jurista también considera que esta situación evidencia la necesidad de modificar la normativa vigente para evitar que las huelgas sigan afectando el derecho a la educación. Además, Linares ve como positiva la decisión de no depositar el salario a los docentes en huelga, calificando esta medida como un freno necesario al abuso de ausencias injustificadas. Señala que es la primera vez que se implementa esta consecuencia y que los docentes deben entender que, aunque tienen derecho a protestar, no pueden usar a los estudiantes como “carnada” para sus reivindicaciones.
