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El Gobierno de Panamá confirmó la contratación de la firma estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para que represente al país en el arbitraje internacional interpuesto por la empresa española Sacyr S.A. debido a presuntos sobrecostos en la ampliación del Canal de Panamá, concluida en 2016.
Esta decisión fue aprobada por el Consejo de Gabinete en su sesión del 15 de julio de 2025 mediante un procedimiento excepcional, con un contrato valorado en un máximo de 6.5 millones de dólares. La contratación entró en vigencia desde el 1 de marzo de 2023 y tendrá duración hasta que se cumpla el objeto del proceso arbitral.
El reclamo de Sacyr supera los 2 mil millones de dólares y se tramita bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Sacyr, que formó parte del consorcio Grupo Unidos por el Canal S.A. (GUPCSA), alega incrementos indebidos en los costos durante la ejecución de las obras.
Anteriormente, Panamá había contratado a la firma Foley Hoag LLP por 4.9 millones de dólares para este mismo proceso, pero en febrero de 2025 se decidió terminar de manera unilateral el contrato debido a que los ajustes y extensiones del proceso superaron el presupuesto establecido, generando insuficiencia de fondos para cubrir honorarios posteriores.
El Gobierno panameño continuará la defensa en este complejo arbitraje, mientras que Sacyr mantiene una demanda millonaria que pone en juego la estabilidad financiera del megaproyecto de ampliación del Canal, una infraestructura vital para el comercio global.
