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La empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), operadora de la gran mina a cielo abierto Cobre Panamá, inició la exportación del concentrado de cobre almacenado tras la suspensión de actividades ordenada por la Corte Suprema de Justicia desde noviembre de 2023. El primer barco transportó en junio 8,248 toneladas, con dos envíos adicionales realizados en julio y uno por concretarse próximamente. En total, se almacenaron alrededor de 120,000 toneladas de concentrado en la mina, valoradas en aproximadamente 200 millones de dólares.
Debido al prolongado almacenamiento, el concentrado se compactó y formó una costra dura, complicando su manipulación y requiriendo equipos especiales para su fragmentación y sistemas de control de polvo y gases para garantizar la seguridad durante la carga. La operación contó con supervisión de autoridades gubernamentales y observadores comunitarios para garantizar transparencia.
El presidente José Raúl Mulino autorizó esta exportación con el objetivo de financiar el Plan de Preservación y Gestión Segura (PSG) del sitio minero, que contempla actividades fundamentales como salarios de empleados panameños, pagos a proveedores locales, y gestión ambiental. El plan también incluye la importación de carbón para reactivar una planta termoeléctrica de 300 MW vinculada al proyecto, cuya operación se espera reanudar en el cuarto trimestre de 2025, aumentando así los costos mensuales de mantenimiento a entre 17 y 18 millones de dólares. Sin embargo, estos gastos se prevé compensarlos parcialmente con la venta de excedentes de energía a la red nacional.
Cobre Panamá, con reservas estimadas en 3,000 millones de toneladas probadas y probables, llegó a producir más de 300,000 toneladas de cobre anuales junto con oro, plata y molibdeno, representando casi el 5% del PIB panameño y generando alrededor de 7,000 empleos directos. Actualmente, la empresa ha postergado arbitrajes contra el Estado para facilitar el diálogo sobre el futuro del proyecto.
En resumen, la exportación del concentrado almacenado no solo es un paso crítico para mitigar riesgos ambientales derivados del stock retenido, sino que también constituye una fuente esencial de ingresos para mantener la infraestructura minera y prospectar la eventual reapertura y operación segura de la mina y su planta asociada.
