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La Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) suspendió temporalmente todas las actividades gremiales relacionadas con la capacitación docente en el país a partir del 29 de julio de 2025. Esta medida responde a la auditoría que realiza la Contraloría General de la República sobre los fondos asignados a estos programas, con el fin de garantizar transparencia y correcto uso de los recursos públicos.
Actualmente, Panamá cuenta con 27 asociaciones docentes legalmente constituidas, aunque solo 17 cumplen con los requisitos para acceder a los recursos del Fondo de Capacitación Gremial Docente. Este fondo proviene del 1% de lo recaudado por el seguro educativo, y su distribución se basa en el número de afiliados activos, que pasó de 31,958 en 2019 a 37,398 en 2024, beneficiando así a los gremios más representativos, como la Asociación de Educadores Veragüenses, la Asociación de Profesores de Panamá, la Asociación de Maestros Independientes Auténticos y la Asociación de Educadores Chiricanos.
Aunque los gremios son los beneficiarios de estos recursos, no manejan el dinero de manera autónoma; las solicitudes deben tramitarse ante el Meduca y los pagos se efectúan mediante la Tesorería Nacional bajo supervisión estatal, asegurando así un control estricto. Entre 2019 y octubre de 2024, 17 gremios gastaron aproximadamente 14 millones de dólares en actividades de formación profesional.
La auditoría, solicitada por la ministra de Educación Lucy Molinar y que abarca el período de julio de 2019 a junio de 2024, buscará verificar si los fondos han sido utilizados conforme a su propósito legal. Esta revisión ocurre en un contexto de mayores demandas sociales por transparencia en el gasto público y en medio de controversias que involucran presuntos manejos irregulares y políticos en la distribución de fondos.
Líderes gremiales como Alberto Díaz, secretario general de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores, han expresado su rechazo a la suspensión de las capacitaciones, advirtiendo que esto afecta la calidad educativa y la autonomía gremial. En paralelo, voceros como Humberto Montero destacan que el proceso para acceder a estos fondos es riguroso y regulado, reforzando la importancia del respeto a la transparencia durante la auditoría.
