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La auditoría, anunciada por el contralor Gerardo Solís, busca arrojar luz sobre varios aspectos del contrato. La principal preocupación gira en torno a los ingresos que recibe el Estado panameño por esta concesión, la cual permite a PCRC operar la línea férrea que conecta la capital con la provincia de Colón. La revisión es un paso crítico para determinar si los términos del contrato han sido beneficiosos para el país y si la renta que percibe Panamá es justa, o si es necesario renegociar o ajustar el acuerdo.
Un contrato histórico bajo el microscopio
El contrato de concesión con Panama Canal Railway Company, una empresa en la que participan la multinacional Kansas City Southern y la constructora de capital estadounidense Beca International, ha sido un tema de debate en el ámbito político y económico del país. La línea férrea, que data del siglo XIX, es un activo estratégico para la logística y el comercio, funcionando como un complemento clave al Canal de Panamá. La auditoría no solo evaluará los aspectos financieros, sino que también analizará el cumplimiento de las cláusulas y las condiciones de la concesión, asegurando que se protejan los intereses nacionales.
El gobierno y la fiscalización de los activos del Estado
La decisión de la Contraloría de auditar este contrato se enmarca en una estrategia más amplia de fiscalización de los activos y bienes públicos. El contralor Solís ha sido claro en su postura de que la institución tiene la obligación de garantizar que cada dólar de las concesiones y proyectos públicos beneficie a los panameños. Esta auditoría podría sentar un precedente para futuras revisiones de contratos similares, enviando un mensaje claro de que el gobierno busca transparencia y rendición de cuentas en la administración de sus recursos.
