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El Estado panameño asumió oficialmente el control de los puertos de Balboa y Cristóbal luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el contrato ley que otorgaba a Panama Ports Company (PPC) la operación de estas terminales de contenedores. La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial, formalizando así la transición de las instalaciones.
El exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, lidera el equipo técnico encargado de guiar el proceso, acompañado de la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, y del director de Puertos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Max Flores. Zubieta ofreció su primera conferencia de prensa explicando los pasos a seguir para garantizar la continuidad operativa y la protección de los derechos laborales.
El decreto faculta a la AMP para tomar control de grúas, vehículos y sistemas tecnológicos, asegurando que las operaciones portuarias se mantengan sin interrupciones bajo el argumento de interés social urgente. Además, instruye a distintos ministerios a garantizar la seguridad de las instalaciones y la protección de los trabajadores.
Entre las acciones específicas destacan:
- Ministerio de Trabajo: Garantizar el pago de prestaciones laborales y la continuidad del empleo portuario.
- Ministerio de Seguridad Pública: Brindar apoyo para asegurar el acceso a los puertos y la seguridad de las operaciones.
- Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría General: Realizar inventarios y avalúos de los bienes existentes en las instalaciones portuarias.
El proceso de transición se proyecta por un período de 18 meses, durante el cual la AMP convocará un acto público para adjudicar formalmente la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. La ocupación temporal incluye todos los bienes muebles y activos de PPC en los recintos, conforme al Decreto Ejecutivo No. 23 de 2026, emitido por el Ministerio de la Presidencia.
El gobierno asegura que esta transición busca proteger el interés nacional, la seguridad laboral y la continuidad de las operaciones portuarias, evitando interrupciones en el comercio internacional y en la economía local. Se trata de un paso clave para redefinir la administración de dos puertos estratégicos para el tránsito marítimo del país y la región.
Con la supervisión de Zubieta y la coordinación interinstitucional, Panamá inicia así una etapa histórica en la gestión portuaria, que combina aspectos operativos, legales y laborales para garantizar que la transición se desarrolle de forma ordenada y segura.
