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La empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, acusó al Estado panameño de ignorar el proceso de arbitraje internacional iniciado tras la cancelación de su concesión para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
Según la compañía, el Gobierno no presentó dentro del plazo establecido su respuesta ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo vencimiento ocurrió el pasado viernes. PPC señaló que las autoridades solicitaron una prórroga parcial alegando falta de preparación para estructurar su defensa.
La empresa considera que esta situación contradice la postura oficial, ya que según versiones previas el Ejecutivo llevaba meses trabajando en un plan para la administración de estos puertos estratégicos cercanos al Canal de Panamá.
En su comunicado, PPC también denunció que el Estado ha ignorado intentos de alcanzar una solución negociada, al tiempo que advirtió sobre posibles acusaciones “infundadas” durante el proceso arbitral.
Además, la compañía aseguró que continúan retenidos documentos corporativos, archivos y equipos informáticos incautados durante la toma de las instalaciones, la cual según indicó se realizó con presencia de fuerzas de seguridad armadas. PPC sostiene que estas acciones vulneran el Estado de derecho y se reserva el derecho de emprender acciones legales por los daños ocasionados.
El conflicto se originó tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá emitido en enero, que declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a la empresa, así como su extensión aprobada en 2021 hasta 2047.
Tras esa decisión, la Autoridad Marítima de Panamá asumió el control de los puertos de Balboa y Cristóbal y delegó su operación temporal a filiales de Maersk y Mediterranean Shipping Company, mientras el Gobierno avanza hacia una nueva licitación.
Como respuesta, CK Hutchison y su filial iniciaron un arbitraje internacional cuya reclamación asciende a unos $2.000 millones, en lo que ya se perfila como uno de los litigios más relevantes recientes vinculados a infraestructura estratégica en Panamá.
El caso podría tener implicaciones significativas para la seguridad jurídica del país y su atractivo como destino de inversión extranjera, en un momento clave para su posicionamiento logístico global.
