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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra cinco entidades cubanas vinculadas a la red GAESA y contra una integrante de la familia Castro, en medio de un nuevo aumento de la presión diplomática y financiera sobre La Habana.
La medida se produce tras los anuncios económicos realizados por Miguel Díaz-Canel, en un contexto marcado por el deterioro de la situación interna en Cuba y las críticas de Washington al manejo del régimen cubano.
Rubio fue tajante al señalar que el régimen comunista de la isla continúa priorizando el control político sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico de la población cubana.
“El régimen comunista, corrupto y antiestadounidense de la isla sigue priorizando su control total sobre la libertad del pueblo cubano”, afirmó el funcionario estadounidense.
El secretario de Estado sostuvo que el conglomerado GAESA, controlado por militares cubanos, ha funcionado como una vía central para que las élites del régimen administren y desvíen recursos del país.
Según Rubio, esos recursos habrían sido utilizados para represión, actividades contra Estados Unidos y labores de espionaje, en lugar de destinarse a escuelas, plantas eléctricas y necesidades básicas de la población.
Las nuevas designaciones incluyen entidades asociadas al movimiento de dinero y activos físicos de la red GAESA.
También abarcan entidades vinculadas a la explotación de reservas minerales y metálicas de Cuba, que según Washington generan ganancias ilícitas para el régimen.
Rubio advirtió que cualquier persona o empresa que preste servicios a los actores sancionados podría quedar expuesta a nuevas sanciones.
El funcionario pidió a bancos extranjeros y compañías que mantengan operaciones con estas entidades congelar de inmediato esas actividades.
La decisión refuerza la estrategia de presión de Estados Unidos contra estructuras económicas controladas por el aparato militar cubano.
Washington sostiene que estas redes permiten al régimen conservar poder económico, financiar estructuras de control interno y limitar las libertades de la población.
Con estas sanciones, la administración estadounidense busca restringir el acceso financiero y operativo de entidades consideradas clave para el sostenimiento económico del Gobierno cubano.
La medida también envía una advertencia directa a bancos, empresas y actores internacionales que mantengan vínculos con entidades señaladas por el Departamento de Estado.
El anuncio de Rubio marca un nuevo episodio en la tensión entre Washington y La Habana, en momentos en que Cuba enfrenta dificultades económicas, cuestionamientos políticos y creciente presión internacional.
