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La Operación Pandora dejó un nuevo avance judicial luego de que, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, se ordenara la detención provisional de 12 personas investigadas dentro de una presunta red criminal vinculada a la manipulación de cuentas en el sistema E-Tax.
La decisión fue tomada tras una audiencia desarrollada durante tres días consecutivos, en la que también se ordenó depósito domiciliario para 2 de los indiciados.
Los imputados son investigados por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, delitos contra la fe pública y blanqueo de capitales.
Durante la audiencia, el tribunal declaró legales las 16 aprehensiones realizadas en la Operación Pandora, ejecutada el pasado 8 de julio.
De acuerdo con las investigaciones, la operación permitió desarticular una presunta organización criminal conformada por particulares y funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos.
Las autoridades señalan que esta red se habría dedicado a eliminar cuentas millonarias dentro del sistema E-Tax de contribuyentes que ya habían realizado pagos al fisco.
Según la investigación, el objetivo era que esos créditos quedaran registrados como pagos no aplicados para luego venderlos a una entidad crediticia en el territorio nacional.
Durante el desarrollo de la Operación Pandora se realizaron 23 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.
En estas acciones fueron recuperados equipos tecnológicos y documentos relacionados con la investigación.
La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada estuvo a cargo de sustentar las solicitudes ante el tribunal.
Dos de las indiciadas quedaron pendientes de debatir su imputación y medidas cautelares, luego de sufrir afectaciones médicas durante la audiencia y ser trasladadas a un centro hospitalario.
La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará desarrollando investigaciones objetivas y transparentes, respetando los derechos de los ciudadanos y lo establecido en la Constitución y la ley.
Como corresponde en esta etapa del proceso, se mantiene la presunción de inocencia de todas las personas investigadas mientras avanzan las diligencias judiciales.
