La Voz Noticias La Voz Noticias: Mantente al día con las últimas noticias de política, economía, deportes y más.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá advirtió que la investigación sobre créditos fiscales presuntamente ilegítimos detectados en el sistema e-Tax representa una grave afectación a la institucionalidad tributaria del país.
El gremio sostuvo que el caso exige acciones contundentes para recuperar la confianza en la Dirección General de Ingresos y en los registros oficiales del Estado.
El pronunciamiento surge luego de que una auditoría interna de la DGI concluyera que 36.01 millones de dólares de los 42.4 millones utilizados por una entidad bancaria para compensar impuestos entre 2022 y 2025 serían improcedentes e ilegítimos.
Según la CCIAP, aunque la entidad bancaria involucrada sostiene que actuó de buena fe porque los créditos aparecían registrados y validados en la plataforma oficial e-Tax, el caso evidencia un problema de mayor alcance.
El gremio señaló que cuando los registros del Estado pierden confiabilidad, también se debilitan la seguridad jurídica, la inversión y la confianza en Panamá.
La Cámara advirtió que el impacto del caso trasciende la posible pérdida de recursos públicos.
A su juicio, empresas y personas pudieron haber sido engañadas por documentos con apariencia de legalidad, mientras otros actores pudieron haber conocido el origen irregular de los créditos fiscales.
También persiste incertidumbre sobre la situación tributaria de contribuyentes cuyos pagos pudieron haber sido alterados o utilizados dentro del esquema investigado.
En ese sentido, la CCIAP sostuvo que corresponde a la DGI reconstruir cada una de las operaciones.
La entidad debe diferenciar a quienes actuaron de buena fe de los posibles responsables y aclarar la situación fiscal de cada contribuyente afectado.
El gremio recordó que los créditos fiscales son instrumentos creados, administrados y certificados por la propia DGI.
Por ello, las empresas operan bajo el principio de confianza legítima en los registros oficiales.
La Cámara también advirtió que, si se confirma que el sistema e-Tax fue manipulado para eliminar la trazabilidad de operaciones, alterar pagos y generar créditos con apariencia legítima, el país estaría frente a una vulneración directa de la institucionalidad tributaria.
La CCIAP reconoció que las actuales autoridades de la DGI actuaron correctamente al presentar las denuncias correspondientes.
Sin embargo, enfatizó que denunciar es apenas el inicio del proceso y no el resultado final.
Como parte de sus propuestas, el gremio planteó fortalecer la cultura de integridad en el sector público y privado.
Entre las medidas mencionó programas de cumplimiento, códigos de ética, canales seguros de denuncia, controles cruzados, trazabilidad digital y sanciones efectivas.
También propuso reforzar los mecanismos tecnológicos con controles estrictos de acceso, auditorías independientes, sistemas automáticos de alerta y una cadena de custodia digital.
Esa cadena debería permitir identificar quién modifica un registro, cuándo lo hace y desde dónde se realiza la acción.
Para la CCIAP, el caso no es únicamente legal o financiero, sino también institucional y moral.
El gremio pidió desarticular las redes responsables, recuperar los fondos comprometidos, proteger a quienes actuaron de buena fe, corregir las vulnerabilidades del sistema y sancionar a todos los involucrados.
La Cámara cerró su pronunciamiento con un llamado directo: la DGI debe recuperar su credibilidad con hechos, plazos claros y consecuencias.
“Panamá necesita orden con severidad. Caiga quien caiga”, concluyó el gremio.
