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En el marco de las elecciones recientes, se ha presentado una impugnación en el Circuito 1-1 contra el diputado Benicio Robinson por parte de Ubaldo Vallejos. Esta impugnación ha sido objeto de controversia, ya que, según los expertos, carece de fundamento jurídico sólido.
El Tribunal Electoral ya rechazó la impugnación inicial, indicando claramente que la falta de pruebas documentales por parte de Vallejos es motivo suficiente para desestimar su caso. Vallejos argumenta una supuesta violación a la norma por parte de Robinson, específicamente la superación del tope económico, pero no ha presentado ninguna prueba concreta para sustentar su acusación. En su apelación, simplemente busca que el Tribunal realice una investigación sin aportar evidencia real, lo que ha sido visto como un intento de dilatar el proceso de constitución de la bancada del PRD y la Directiva de la Asamblea.
Además, se ha señalado que el propio impugnante, Vallejos, no asumiría el cargo en caso de que la impugnación fuera aceptada, ya que este correspondería al PRD por ser el partido más votado. Asimismo, la forma en que Vallejos ha recaudado fondos para su impugnación, a través de una recolecta vía Jappy, ha levantado sospechas de posible lavado de dinero, lo que ha sido denunciado en la esfera penal.
Es evidente que este caso no solo abusa del derecho a impugnar, sino que también genera costos administrativos y consume tiempo valioso de los funcionarios del Tribunal Electoral. Se exhorta a los magistrados a rechazar la apelación de manera expedita y a tomar medidas contra el abogado que se ha prestado para esta apelación sin fundamentos jurídicos claros.
