El atentado perpetrado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, constituye un hecho gravísimo que merece nuestra condena absoluta. Ningún periodista, independientemente de su línea editorial, debe sufrir amenazas, intimidaciones o actos violentos por ejercer su profesión.
La libertad de expresión es sagrada, pero la presunción de inocencia también lo es.
Resulta preocupante que, mientras las autoridades apenas comienzan las investigaciones, determinados comentarios y publicaciones en redes sociales pretendan orientar la indignación pública hacia la familia Carretero, sin que se hayan presentado pruebas que acrediten su participación en el ataque.
La abogada Marcela Araúz, representante de Roberto Carretero Napolitano, ha rechazado categóricamente cualquier vinculación de su cliente con los hechos y ha exigido respeto al debido proceso.
¿Desde cuándo aparecer mencionado en una investigación periodística convierte automáticamente a alguien en sospechoso de un atentado?
Una cosa es investigar negocios, contratos y actuaciones empresariales, derecho legítimo de cualquier periodista. Otra, radicalmente distinta, es permitir que las sospechas se transformen en condenas públicas sin sustento probatorio.
Tampoco podemos descartar ni establecer hipótesis sobre los responsables antes de conocer las evidencias. Esa tarea corresponde exclusivamente a las autoridades competentes.
Desde La Voz Noticias exigimos una investigación independiente, rigurosa y transparente que identifique a los verdaderos autores materiales e intelectuales y garantice protección al periodista y su familia.
Defender a Rodríguez frente a la violencia y defender a los Carretero frente a imputaciones no demostradas no constituye contradicción alguna.
Es defender el Estado de derecho.
Porque el periodismo responsable no puede exigir justicia para unos mientras permite que se atropellen los derechos de otros.
Ni explosivos para silenciar periodistas, ni tribunales mediáticos para condenar inocentes.
Que hablen las pruebas, que investigue la justicia y que nadie sea condenado antes de tiempo.
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