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Ser proveedor del Estado no debería ser únicamente una relación comercial. Cuando una empresa participa en proyectos financiados con millones de balboas de todos los panameños, también entra en juego algo que no aparece escrito en los pliegos: la confianza pública.
José Félix “Pepo” Jelenszky Carvajal enfrenta una investigación por la presunta comisión del delito de violencia doméstica. Un juez le impuso notificación periódica e impedimento de salida del país, mientras la Fiscalía apeló buscando su detención provisional. La decisión final sobre esa medida cautelar corresponderá al Tribunal Superior de Apelaciones. Jelenszky mantiene, como corresponde, su presunción de inocencia.
Pero el debate trasciende el expediente penal. Jelenszky está vinculado a Constructora Nova, empresa que participa en importantes proyectos públicos. Solo el nuevo Hospital Aquilino Tejeira representa una inversión de B/.214 millones y es ejecutado por un consorcio integrado por Nova y otra compañía. A ello se suman otras obras estatales que llevan la participación de la constructora a proyectos cuyo valor conjunto ronda los B/.245 millones, aunque ese monto no corresponde exclusivamente a Nova porque parte de esos contratos fueron adjudicados a consorcios.
Y allí aparece la pregunta incómoda.
¿Debe exigírsele a quien maneja contratos públicos solamente capacidad técnica y financiera, o también una conducta compatible con la responsabilidad de contratar con el Estado?
Una acusación no equivale a una condena. Pero tampoco puede pretenderse que un empresario ligado a cientos de millones en obras públicas sea observado como un ciudadano cualquiera cuando enfrenta un proceso de esta naturaleza.
El Estado debe respetar el debido proceso. Pero la sociedad también tiene derecho a exigir ética, transparencia y conducta ejemplar a quienes hacen negocios con el dinero de todos.
Porque contratar con Panamá no debería ser solo un privilegio económico.
También debería ser un compromiso moral.
