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El conflicto entre fuerzas policiales y estudiantes de la Universidad de Panamá escaló a un nuevo nivel después de que el abogado Gilberto Marulanda presentara una denuncia formal contra el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, por presunto abuso de autoridad y violación de la autonomía universitaria.
La tensión se desató el 31 de enero durante una manifestación estudiantil que protestaba contra la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el controvertido proyecto de ley 163 sobre reformas a la Caja de Seguro Social. Lo que comenzó como una protesta pacífica con volanteo y bloqueo parcial de un carril, terminó en un violento enfrentamiento que dejó varios estudiantes heridos.
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un agente policial agrede repetidamente a la estudiante Hilary Acevedo, hasta que otro oficial interviene para detener la agresión. Este incidente ha generado indignación en la comunidad universitaria y la sociedad civil.
La denuncia presentada por Marulanda va más allá del incidente específico. El abogado señala un patrón de conducta que se remonta a 2002, donde la Policía Nacional habría violado sistemáticamente la autonomía universitaria mediante ingresos no autorizados al campus y la presencia de patrullas encubiertas en los alrededores de la institución.
La situación se agravó cuando el director Fernández intentó ingresar al campus universitario, acción que fue impedida por el rector Eduardo Flores, quien invocó la normativa que protege la autonomía de la universidad.
Mientras tanto, las autoridades han respondido con acciones legales contra los manifestantes. La Policía Nacional y el Ministerio Público confirmaron la detención de dos jóvenes, quienes enfrentarán una audiencia de control de garantías el 4 de febrero, acusados de agredir a un oficial durante la protesta.
Este enfrentamiento ha reavivado el debate sobre los límites de la autoridad policial y el derecho a la protesta pacífica en Panamá, especialmente en espacios universitarios protegidos por la autonomía institucional.
