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El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que las empresas APM Terminals y TIL Panamá asumirán de forma temporal la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, respectivamente, en el marco de la transición generada tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato ley de Panama Ports Company (PPC).
APM Terminals, subsidiaria del grupo Maersk, operará el puerto de Balboa, mientras que TIL Panamá, filial de Mediterranean Shipping Company, estará a cargo del puerto de Cristóbal. Ambas compañías figuran entre los mayores operadores navieros y portuarios del mundo.
En un mensaje a la nación, el mandatario destacó que la decisión fue tomada siguiendo los procedimientos legales correspondientes y velando por el interés nacional, la estabilidad laboral y la importancia estratégica de los puertos para la economía panameña.
“El día de hoy termina una etapa y comienza otra, en la que más de 7,000 trabajadores tienen la certeza de que continuarán laborando; en la que los proveedores saben que seguirán brindando sus servicios; en la que los clientes tienen la tranquilidad de que pueden continuar operando en nuestros puertos; y en la que los inversionistas recuperan la confianza de que aquí sí hay futuro”, expresó Mulino.
El jefe del Ejecutivo subrayó que su administración no improvisará ni pondrá en riesgo la reputación del país. Recordó experiencias recientes donde decisiones apresuradas generaron impactos negativos en empleo, inversión e imagen internacional. “No podemos repetir la improvisación”, enfatizó.
Mulino aclaró además que, como presidente, no le corresponde opinar sobre decisiones judiciales, sino garantizar que el país actúe con institucionalidad, coordinación y respeto a la independencia del Órgano Judicial.
Como parte del anuncio, informó que Panamá entra ahora en la tercera etapa del proceso: la apertura de un procedimiento competitivo, transparente y abierto para otorgar nuevas concesiones permanentes, una para cada puerto. Según indicó, el objetivo será garantizar eficiencia, inversión, estabilidad jurídica y el mayor beneficio posible para la República.
El mandatario agradeció el trabajo del equipo gubernamental que participó en la transición, en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá, reafirmando que los intereses del país estarán siempre por encima de cualquier otra consideración.
Con este anuncio, el Gobierno busca proyectar estabilidad y continuidad en la operación de dos infraestructuras clave para el comercio internacional, mientras avanza hacia un nuevo modelo concesionario bajo estándares de transparencia y seguridad jurídica.
