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El contralor general de la República, Anel Flores De La Lastra, refrendó los contratos de concesión transitoria para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, formalizando así la nueva etapa administrativa de estas terminales estratégicas.
Los acuerdos fueron suscritos entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas APMT Panamá S.A., que asumirá la operación del puerto de Balboa, y TIL Panamá S.A., encargada del puerto de Cristóbal.
Ambos contratos tendrán una vigencia de 18 meses, periodo durante el cual se mantendrá la operación, administración y mantenimiento de las terminales mientras se estructura el proceso para concesiones permanentes.
Acuerdo para el puerto de Cristóbal
El contrato entre la AMP y TIL Panamá S.A. se suscribió bajo un procedimiento excepcional, en atención a la necesidad de garantizar la continuidad operativa tras el fallo judicial que anuló el contrato previo.
El acuerdo establece una contraprestación económica de 15 millones 800 mil dólares, que deberán ser pagados por el concesionario durante el periodo transitorio.
Contrato para el puerto de Balboa
En el caso del puerto de Balboa, el Consejo de Gabinete Extraordinario aprobó la Resolución N.º 4, mediante la cual se avaló el contrato de concesión transitoria entre la AMP y APMT Panamá S.A.
El documento contempla una contraprestación económica de 26 millones 100 mil balboas, completando así un total superior a 41 millones de dólares por ambas concesiones temporales.
Contexto del proceso
La formalización de estos contratos ocurre luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato ley que mantenía el Estado con Panama Ports Company (PPC), decisión dada a conocer el lunes 23 de febrero.
Con el refrendo de la Contraloría, los acuerdos adquieren plena validez jurídica y permiten garantizar estabilidad operativa en dos de los puertos más relevantes del sistema logístico panameño.
Las autoridades han reiterado que este periodo transitorio busca asegurar la continuidad del comercio internacional, la protección de los empleos portuarios y la estabilidad del ecosistema logístico, mientras se organiza un proceso competitivo para adjudicar nuevas concesiones permanentes.
El refrendo marca así un paso clave dentro de la transición institucional, consolidando el marco administrativo que regirá la operación de Balboa y Cristóbal en los próximos 18 meses.
