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El Estado panameño estima ingresos aproximados de 100 millones de dólares durante los 18 meses de operación transitoria de los puertos de Balboa y Cristóbal, según explicó el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, en entrevista con Telemetro Reporta.
Las declaraciones se producen luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato anterior, decisión que fue publicada en la Gaceta Oficial y ejecutada mediante decreto de ocupación para garantizar la continuidad operativa de las terminales.
Fallo ejecutoriado y rápida ejecución
Icaza detalló que el fallo fue publicado a las 8:00 a.m., quedando ejecutoriado de inmediato. Minutos después, el Ejecutivo promulgó un decreto que instruyó a distintas instituciones del Estado a proceder con las acciones correspondientes.
Posteriormente, el Consejo de Gabinete aprobó la suscripción de contratos con los nuevos operadores portuarios. Los documentos fueron refrendados y publicados en Gaceta Oficial, permitiendo que, al cierre del día, los operadores ingresaran formalmente a las terminales.
“Fue una ejecución muy precisa, planificada hora a hora, para lograr en un tiempo rápido tener operadores portuarios de primer nivel”, sostuvo el ministro, al destacar que el plan de contingencia había sido preparado con meses de anticipación.
¿Cómo se calculan los $100 millones?
El titular de Asuntos del Canal explicó que el contrato transitorio contempla dos componentes principales:
Canon fijo:
Un pago previamente establecido que los operadores deberán abonar por el uso de las instalaciones portuarias en Balboa y Cristóbal.
Canon variable:
Un porcentaje vinculado a los egresos operativos, cuyos beneficios netos serán transferidos directamente a la República de Panamá.
De acuerdo con Icaza, la combinación de ambos mecanismos permitirá al Estado alcanzar un estimado de 100 millones de dólares durante el período de 18 meses.
Garantía laboral y continuidad operativa
El funcionario subrayó que el contrato establece una figura de sustitución patronal que garantiza la continuidad de los empleos, el respeto de los derechos adquiridos y el pago de prestaciones acumuladas hasta el momento de la transición.
“El contrato es muy claro en cuanto a que la empresa hará una sustitución patronal”, afirmó, reiterando que el mensaje del Ejecutivo se centró en proteger a los trabajadores portuarios.
Asimismo, indicó que se ha iniciado un proceso de revisión e inspección de equipos como parte de la transición administrativa, con el objetivo de asegurar la eficiencia y la continuidad de las operaciones logísticas.
Proyección de crecimiento y defensa del Estado
Icaza manifestó que Panamá continuará incrementando el movimiento de carga en los próximos años, respaldado por su posición estratégica y la solidez de su plataforma logística. Además, destacó avances en el proyecto portuario de Puerto Armuelles, iniciativa orientada a fortalecer la dinámica comercial en esa región.
Finalmente, el ministro aseguró que el Gobierno defenderá los intereses del Estado panameño durante todo el proceso, mientras se define el modelo definitivo de concesión para Balboa y Cristóbal.
Con la operación temporal ya en marcha y un esquema claro de ingresos, el Ejecutivo proyecta estabilidad financiera y operativa en el sistema portuario, considerado uno de los pilares de la economía nacional.
