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Amnistía Internacional (AI) denunció que el régimen de excepción en El Salvador, vigente desde marzo de 2022, ha evolucionado hasta convertirse en una política de Estado, promoviendo “graves violaciones de derechos humanos” de manera sistemática.
Patrones de abuso estatal
AI ha documentado patrones preocupantes como tortura, muertes bajo custodia estatal y detenciones arbitrarias masivas. Según la organización, estas medidas han afectado principalmente a comunidades empobrecidas y marginadas, donde se ha militarizado la seguridad pública.
“Lo que se presenta como un logro en seguridad esconde un sistema represivo que abusa de su poder”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de AI.
Prórrogas y consecuencias
El régimen, que ha sido prorrogado 33 veces, permite detenciones sin órdenes judiciales, una política que AI considera incompatible con el respeto a los derechos humanos. Además, los más de 300 fallecimientos en custodia estatal reflejan las graves fallas en el sistema penitenciario, según informes locales.
Amnistía Internacional ha enviado cinco misiones al país para documentar estas violaciones, destacando que “la represión no puede ser una solución sostenible”.
