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PROMED, una empresa panameña dedicada al suministro de servicios e insumos médicos, ha estado en el centro de controversias debido a presuntas irregularidades en sus contratos con entidades de salud pública, como la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).
En mayo de 2017, se presentó una denuncia criminal contra PROMED y sus directivos, Ginés y Jorge Sánchez Urrutia, por supuestos fraudes en contrataciones públicas. La acusación señalaba que la empresa participaba en actos públicos de la CSS junto con otras compañías constituidas por sus propios empleados, lo que podría indicar prácticas colusorias para manipular licitaciones y asegurar adjudicaciones a su favor.
Más recientemente, en septiembre de 2024, la CSS decidió resolver administrativamente un contrato con PROMED relacionado con el suministro de pruebas de química general. La institución detectó una serie de incumplimientos que afectaron la atención de los pacientes y causaron un daño económico, lo que llevó a la suspensión del contrato y a la inhabilitación de la empresa para futuras contrataciones.
Jorge Sánchez Urrutia, figura prominente de PROMED, ha sido objeto de escrutinio público. Antes de su rol en la empresa, se desempeñó como secretario de Comunicaciones del Estado durante el gobierno de Martín Torrijos. Su vinculación con PROMED y las acusaciones de prácticas irregulares han generado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y la influencia de conexiones políticas en la obtención de contratos públicos.
Estas situaciones han suscitado debates sobre la transparencia y la ética en las contrataciones públicas en el sector salud de Panamá. La participación de empresas como PROMED en procesos cuestionados pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que los recursos destinados a la salud pública se manejen con integridad y en beneficio de la población.
La atención pública y mediática sobre estos casos subraya la importancia de una gestión transparente y responsable en el ámbito de la salud, donde las decisiones afectan directamente el bienestar de los ciudadanos.
Investigaciones recientes sobre corrupción en contrataciones públicas en Panamá
