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La reciente advertencia del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, ha generado un intenso debate sobre el estatus de las visas estadounidenses y su posible revocación. En su primera intervención pública, Cabrera enfatizó que una visa es un privilegio, no un derecho, recordando que su uso está sujeto al comportamiento de los portadores. Esta declaración se produce en un momento de tensión política, marcado por las críticas al Memorándum de Entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, que permite el uso de instalaciones panameñas por personal militar estadounidense para ejercicios conjuntos.
Las palabras del embajador Cabrera evocan la dura política del Departamento de Estado de Estados Unidos en materia migratoria. Marco Rubio, secretario de Estado, ha advertido que el estatus legal de una visa puede ser revocado en cualquier momento si se descubren acciones que violen sus términos, amenacen la seguridad pública o apoyen a organizaciones consideradas terroristas. Esta postura se ha reforzado con la deportación de estudiantes extranjeros involucrados en protestas contra Israel.
Panamá tiene antecedentes concretos de revocación de visas estadounidenses a figuras públicas. Los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela fueron incluidos en la lista de corruptos de Estados Unidos, lo que resultó en la cancelación de sus visas y las de sus familiares. Martinelli fue condenado por blanqueo de capitales y actualmente está asilado en la Embajada de Nicaragua, mientras que Varela enfrenta un juicio por el caso Odebrecht.
En el pasado, también se difundieron rumores sobre la posible revocación de visas a diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), aunque nunca se confirmaron oficialmente. En 2023, se informó sobre la revocación de la visa a la entonces diputada Zulay Rodríguez. Otros casos incluyen al expresidente Ernesto Pérez Balladares, cuya visa fue revocada en 1999 por un caso de tráfico de ciudadanos chinos, y al magistrado Winston Spadafora, quien perdió su visa en 2005 por estar implicado en actos de corrupción pública.
La revocación de visas no es un fenómeno nuevo en Panamá. En 2015, la empresaria Paulette Morales admitió que le revocaron la visa en medio de una investigación por supuestos sobreprecios en contratos de mochilas escolares. Ese mismo año, el diputado Carlos Tito Afú también fue notificado de la cancelación de su visa cuando intentaba viajar a Miami.
La advertencia del embajador Cabrera sugiere que podrían surgir nuevas revocaciones en el futuro cercano. Perder el acceso a Estados Unidos puede convertirse en una presión significativa para funcionarios y otras figuras que están bajo escrutinio. La posibilidad de que se revoquen visas sigue siendo una herramienta de presión en las relaciones bilaterales, recordando que el acceso a Estados Unidos es un privilegio que puede ser retirado en cualquier momento.
