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A 78 días de iniciado el paro indefinido de docentes en Panamá, la principal inquietud de los educadores no es solo la recuperación del año escolar, sino la posible pérdida de sus empleos y sanciones administrativas por participar en la huelga contra la Ley 462, que modificó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Así lo expresó Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), durante un webinar con la base docente.
Ábrego advirtió que en colegios como el Instituto América ya se han notificado a cerca de 40 maestros por presunto abandono del puesto y violación de los derechos del menor, basándose en artículos legales vigentes. La asociación ha presentado recursos de reconsideración y prepara apelaciones legales en caso de que el Ministerio de Educación (Meduca) confirme estas sanciones, anticipando que la lucha continuará por vías legales y administrativas.
Por su parte, el Meduca anunció la apertura de procesos disciplinarios contra docentes que persistan en actividades políticas relacionadas con el paro y no se reincorporen a sus funciones. La ministra Lucy Molinar enfatizó la necesidad de devolver el sistema educativo a su misión fundamental: atender a los estudiantes y fortalecer su formación integral. Destacó que quienes regresen a las aulas serán recibidos con los brazos abiertos, pero quienes continúen con actividades políticas enfrentarán sanciones para normalizar el sistema.
La interrupción educativa en el sector oficial es la más prolongada registrada en Panamá, con casi 550 días de clases presenciales perdidos entre 2020 y 2025, producto de la pandemia de covid-19 y conflictos sociales, afectando gravemente el desarrollo académico de los estudiantes.
