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La discusión sobre el presupuesto de la Presidencia de Panamá para 2026 ha desatado una fuerte controversia en la Asamblea Nacional. Un total de $204.4 millones fueron solicitados, de los cuales $24.6 millones están destinados a proyectos específicos que han generado críticas y cuestionamientos por parte de diputados de diversas bancadas. Los puntos más álgidos de la discusión se centran en la asignación de fondos para el Palacio de Las Garzas, la remodelación de la villa diplomática y la partida destinada a publicidad.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, compareció ante la Comisión de Presupuesto para defender el plan de gastos. Sin embargo, la justificación no convenció a todos los legisladores. El diputado independiente Betserai Richards fue uno de los más críticos, especialmente en lo que respecta al manejo de los fondos destinados a la Dirección de Comunicación del Estado. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se recomendó una cifra de $8.5 millones para publicidad, aunque Orillac precisó que el monto final se ajustó a $7.5 millones. Richards cuestionó la falta de transparencia en la asignación de estos recursos, preguntando cómo se decide qué medios reciben los fondos y qué empresas intermediarias canalizan la publicidad estatal. El diputado solicitó la publicación de un informe anual detallado sobre los gastos en publicidad, recordando que en administraciones pasadas estos recursos se destinaban a medios afines al gobierno de turno.
Otro punto de controversia fue la remodelación del Palacio Presidencial, para la cual se destinaron $9 millones. Richards argumentó que mientras se invierten estas sumas en propiedades históricas, comunidades enteras carecen de servicios básicos como agua potable, calles en buen estado y centros de salud con recursos. La remodelación de la villa diplomática, con un presupuesto de $7.1 millones, también generó fuertes críticas. Este proyecto incluye la construcción de una cancha de tenis en la azotea, lo que fue calificado por Richards como una priorización equivocada frente a necesidades urgentes en salud y educación.
Orillac defendió la inversión en la villa diplomática, argumentando que es un bien histórico y estratégico para eventos internacionales. Subrayó que las mejoras incluyen estacionamientos y espacios auxiliares, además de la cancha de tenis. Según el ministro, la obra busca «reparar años de abandono» y mantener la infraestructura para actos diplomáticos y de seguridad.
La diputada Janine Prado, del partido Vamos, también cuestionó los gastos en publicidad y obras como la villa diplomática. Prado señaló que es importante conservar el patrimonio histórico, pero que se debe priorizar las obras que se necesitan en las comunidades, especialmente en un momento de austeridad.
Orillac defendió su gestión, señalando que se lograron ahorros en renglones como el alquiler de vehículos dentro del Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, tanto Richards como Prado reiteraron que el presupuesto debe reflejar las necesidades de los ciudadanos y priorizar salud, educación e infraestructura básica. La polémica en torno al presupuesto de la Presidencia pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
