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Desde hace más de 40 años, la empresa ININCO, S.A., parte del entramado empresarial de la Familia González, ha sido un protagonista permanente en la obra pública panameña. Lo que debería representar desarrollo nacional, se ha convertido en símbolo de cómo grupos empresariales con fuertes conexiones políticas logran acaparar contratos millonarios, multiplicar costos mediante adendas y ahora pretenden intervenir uno de los recursos ambientales más sensibles del país: el Río Caldera.
Una familia, una empresa… y décadas de contratos
ININCO no es una firma nueva en el engranaje estatal. Fundada en 1980, ha mantenido presencia constante en grandes proyectos de infraestructura. Durante el gobierno de Laurentino “Nito” Cortizo, la empresa recibió millones de dólares en contratos públicos, consolidándose como una de las constructoras con mayor volumen de adjudicaciones en el Ministerio de Obras Públicas.
No solo hablamos de contratos originales por cifras multimillonarias. También hablamos de adendas que incrementaron los montos iniciales, elevando el costo real de proyectos que ya habían sido adjudicados. Es decir, el dinero comprometido no se quedó en lo pactado: creció.
Y cuando las adendas se convierten en práctica recurrente, la pregunta es inevitable:
¿Estamos frente a ajustes técnicos necesarios o ante una fórmula sistemática para inflar costos?
Carreteras necesarias… pero transparencia obligatoria
Sí, Panamá necesita carreteras. Sí, Chiriquí necesita conectividad. Nadie discute la importancia de la infraestructura.
Lo que sí se cuestiona es el modelo repetitivo donde las mismas empresas, vinculadas a las mismas familias, siguen obteniendo contratos durante décadas, independientemente del gobierno de turno.
Cuando una empresa concentra adjudicaciones por millones y además recibe ampliaciones presupuestarias constantes, el debate deja de ser técnico y se convierte en un asunto de transparencia pública.
Porque cada dólar adicional aprobado en una adenda es un dólar que sale del bolsillo del contribuyente.
Ahora el Río Caldera
El nuevo capítulo genera aún mayor alarma. ININCO impulsa la extracción de materiales del Río Caldera en Boquete, bajo el argumento de encauzamiento y aprovechamiento para obras públicas.
Sin embargo, surgen cuestionamientos legítimos:
- ¿Por qué utilizar materiales del río para abaratar costos en licitaciones ya ganadas con materiales previamente presupuestados?
- ¿Se trata de eficiencia o de maximizar márgenes?
- ¿Cuál será el impacto ambiental real en uno de los ríos más emblemáticos de la provincia?
La intervención de un cauce natural no es un detalle menor. Implica riesgos de erosión, alteración de ecosistemas y consecuencias irreversibles para comunidades que dependen del equilibrio ambiental del área.
¿Hasta cuándo?
El problema no es construir.
El problema no es invertir.
El problema es cuando la obra pública se convierte en una fuente recurrente de beneficio para los mismos grupos durante cuatro décadas.
Hoy no solo hablamos de millones en contratos y adendas durante el gobierno de Nito Cortizo.
Hoy hablamos también del futuro ambiental de Chiriquí.
La pregunta que queda flotando es simple pero poderosa:
¿Hasta cuándo vamos a permitir que se juegue con nuestro dinero… y ahora también con nuestros recursos naturales?
La ciudadanía merece infraestructura.
Pero también merece transparencia, competencia real y respeto por el medio ambiente.
Porque el desarrollo no puede seguir siendo sinónimo de privilegio para unos pocos.
