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El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá contra el contrato de Panama Ports Company (PPC) ya está oficialmente en firme. La sentencia, que declaró inconstitucional la Ley 5 de 16 de enero de 1997 norma que adoptó el contrato de concesión portuaria fue publicada este lunes 23 de febrero en la Gaceta Oficial Digital N.° 30468.
Con esta publicación, la decisión judicial adquiere carácter ejecutoriado, lo que significa que PPC queda sin sustento legal para continuar operando las terminales de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), que administraba desde 1997.
📜 Una decisión unánime y de amplio alcance
El fallo, fechado el 30 de enero de 2026 y compuesto por 69 páginas, fue adoptado de forma unánime por el pleno de la Corte. La sentencia concluye que el contrato ley vulnera ocho artículos de la Constitución Política.
La declaratoria de inconstitucionalidad también alcanza las adendas al contrato y dos resoluciones emitidas por la Autoridad Marítima de Panamá en 2021, que autorizaron la prórroga automática de la concesión hasta el año 2047.
⚓ Plan de contingencia y transición de 18 meses
Tras conocerse el fallo, el presidente José Raúl Mulino anunció la activación de un plan de contingencia que coordina su asesor y exadministrador de la Autoridad del Canal, Alberto Alemán Zubieta.
El plan contempla una transición de 18 meses durante la cual la administración provisional de los puertos será asumida por terceros, mientras la Autoridad Marítima convoca a un acto público para adjudicar formalmente la nueva concesión.
Inicialmente se indicó que APM Terminals, filial de la naviera Maersk, asumiría ambas terminales, pero ahora se ha confirmado que operará únicamente el puerto de Balboa. El puerto de Cristóbal quedaría, de forma tentativa, bajo la administración de Mediterranean Shipping Company (MSC).
🌍 Reacciones y arbitraje internacional
Desde que se conoció la sentencia, PPC ha cuestionado el fallo y advirtió que la medida afecta la seguridad jurídica del país. La empresa afirmó haber invertido 1,800 millones de dólares, superando el mínimo contractual de 1,000 millones.
El pasado 3 de febrero inició un arbitraje internacional contra la República de Panamá. Además, ha planteado la posibilidad de una salida negociada para evitar un escenario de mayor tensión.
Por su parte, el gobierno de China expresó su inconformidad. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, señaló que se adoptarán las medidas necesarias para proteger los intereses de las empresas chinas vinculadas al holding CK Hutchison, propietario de PPC.
🔎 Un punto de inflexión para el sistema portuario
La decisión marca un antes y un después en la relación entre el Estado panameño y uno de los principales operadores portuarios del país. Ahora, el foco está en garantizar una transición ordenada que preserve la estabilidad operativa, la confianza internacional y la competitividad del sistema logístico panameño.
