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El Gobierno de Hong Kong trasladó este martes 24 de febrero sus “firmes protestas” al cónsul de Panamá en la región administrativa especial, tras la decisión de las autoridades panameñas de asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, anteriormente operados por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison.
La acción del Estado panameño se produjo luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato de concesión vigente desde 1997. Tras la publicación oficial, el Gobierno procedió a la ocupación temporal de los activos portuarios para garantizar la continuidad operativa.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo de Hong Kong expresó su “firme disconformidad y oposición” a lo que calificó como una “toma forzada” de los puertos ubicados en las inmediaciones del Canal de Panamá. Según el documento, la medida panameña constituiría un “menosprecio a los hechos” y una vulneración de la confianza contractual.
Por su parte, PPC calificó la acción como una “toma ilegal”, asegurando que es el “punto culminante de una campaña” iniciada por el Estado panameño contra la empresa y sus inversionistas. La compañía responsabilizó a Panamá por cualquier perjuicio o daño derivado de lo que considera acciones confiscatorias.
La filial de CK Hutchison confirmó que se reserva todos los recursos legales disponibles y recordó que a inicios de febrero inició un arbitraje internacional ante la International Chamber of Commerce (ICC). De acuerdo con un portavoz empresarial, la reclamación ascendería a aproximadamente 2,000 millones de dólares.
El secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Edward Yau, fue quien trasladó oficialmente la protesta al representante panameño, exigiendo que se respete “el espíritu de los contratos” y que se garantice un entorno empresarial justo para las compañías internacionales.
El comunicado añade que la decisión panameña “ha deteriorado la credibilidad del país y menoscabado las reglas del comercio internacional”, elevando el tono diplomático de la controversia.
Mientras tanto, el Gobierno panameño mantiene que la acción responde a un fallo judicial definitivo y que el proceso se ejecuta bajo apego a la legalidad. Las autoridades han asegurado la continuidad operativa de los puertos, que representan alrededor del 38 % del movimiento total de contenedores del sistema portuario nacional.
De manera transitoria, la operación de Balboa y Cristóbal estará a cargo de filiales de Maersk y Mediterranean Shipping Company, mientras se estructura un proceso competitivo para nuevas concesiones permanentes.
La controversia añade un componente diplomático y comercial a un proceso que ya tenía importantes implicaciones legales y económicas, marcando un nuevo capítulo en las relaciones entre Panamá y actores empresariales vinculados a Hong Kong.
