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El Consejo de Gabinete autorizó este martes a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional de Panamá el proyecto de ley No. 8-26, que propone adicionar el artículo 169-A al Código Penal de Panamá.
La iniciativa busca sancionar el uso de capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente el rostro durante manifestaciones, protestas u otras concentraciones públicas, cuando exista el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio.
¿Qué establece la propuesta?
Actualmente, el artículo 169 del Código Penal establece penas de uno a tres años de prisión para quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita, aumentando de dos a cuatro años si el responsable es un servidor público.
Con la adición del artículo 169-A, el Ejecutivo propone que:
- Quien utilice máscaras o similares con fines violentos en protestas pueda enfrentar penas de dos a cuatro años de prisión.
- Si dicha conducta facilita, encubre o propicia la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la pena aumentaría a cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de las sanciones adicionales correspondientes por el delito cometido.
Alcance de la reforma
El texto establece que no se penaliza el simple uso de una máscara, sino su utilización con intención delictiva comprobable dentro del contexto de una manifestación.
De aprobarse la reforma en la Asamblea Nacional, Panamá incorporaría un nuevo tipo penal enfocado en reforzar la seguridad en concentraciones públicas, en medio de debates recientes sobre disturbios y actos vandálicos ocurridos durante protestas.
Debate en puerta
El proyecto ahora deberá ser discutido en el Legislativo, donde podrá ser objeto de modificaciones antes de su eventual aprobación o rechazo.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la medida busca fortalecer el orden público y prevenir la violencia, sectores de la sociedad podrían abrir el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derecho a la protesta.
El trámite legislativo marcará el rumbo de esta propuesta que, de ser aprobada, implicaría una reforma significativa en el marco penal vinculado a manifestaciones públicas en Panamá.
