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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió que las empresas que operaban servicios tercerizados en los puertos de Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal deberán regularizar su situación jurídica y pagar impuestos en el país, luego de que quedara sin efecto la concesión de Panama Ports Company (PPC).
El mandatario explicó que muchas compañías prestaban servicios dentro de las terminales portuarias amparadas en el contrato de concesión que tenía PPC, por lo que la finalización de ese acuerdo cambia completamente el marco legal bajo el cual operaban.
“Todas esas empresas, llámense arrendadores dentro o fuera del puerto, amparados en la concesión de PPC, tienen el mismo problema que PPC: se quedaron sin contrato”, señaló Mulino durante su conferencia de prensa semanal.
Fin del modelo de servicios tercerizados
Durante años, diversas empresas ofrecieron servicios como estiba, desestiba, conteo de contenedores y suministro de mano de obra portuaria en ambas terminales. Estas compañías mantenían una relación contractual con la concesionaria y no directamente con el Estado panameño.
Entre ellas se encuentran firmas creadas desde 2015 para brindar servicios logísticos dentro de los puertos, las cuales ahora deberán renegociar sus operaciones bajo un nuevo marco jurídico con los operadores que administren las terminales en el futuro.
El presidente fue enfático al señalar que estas compañías ya no podrán operar bajo el esquema anterior, por lo que deberán adaptarse a las nuevas condiciones que se establezcan en la transición portuaria.
Obligación de pagar impuestos
Mulino también subrayó que el nuevo escenario implicará cambios en materia fiscal para las empresas que prestan servicios dentro de las terminales portuarias.
“Todos tienen que pagar impuestos. Nadie va a estar exento de pagar impuestos en Panamá”, afirmó el mandatario, al referirse a la obligación de cumplir con las normas tributarias nacionales.
Según autoridades, algunas de estas compañías no generaban ingresos directos al Estado pese a operar en terrenos y activos que pertenecen a la Nación.
Transición tras el fallo de la Corte
La situación se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el contrato de concesión que permitía a Panama Ports Company operar los puertos de Balboa y Cristóbal, una decisión que puso fin a casi tres décadas de operación bajo ese esquema.
Tras ese fallo, el Estado panameño inició un proceso de transición para garantizar la continuidad operativa de las terminales, consideradas estratégicas para el comercio internacional y el sistema logístico del país.
En este contexto, el Gobierno busca reordenar las relaciones contractuales y fiscales dentro del sistema portuario, mientras se preparan nuevos procesos para definir las futuras concesiones y operadores de ambas terminales.
