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El Banco Nacional de Panamá solicitó al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá que modifica las reglas sobre la prescripción de deudas, al considerar que podría afectar la seguridad jurídica del sistema financiero y comprometer los recursos de los depositantes.
La institución estatal adelantó que su departamento legal ya preparó una opinión técnica y enviará una carta formal al Ejecutivo solicitando el veto presidencial. El banco considera que la iniciativa introduce cambios que alterarían la relación contractual entre acreedores y deudores en el país.
La posición fue expresada por el gerente general de la entidad, Javier Carrizo, quien advirtió que la norma podría tener consecuencias directas sobre la estabilidad del sistema bancario.
“Se está jugando con la plata de los depositantes. No podemos ser tan alegres en la caducidad de estos préstamos”, afirmó el ejecutivo al referirse al proyecto aprobado por los diputados.
Según explicó, la iniciativa introduce mecanismos que acelerarían la prescripción o caducidad de ciertas obligaciones financieras, lo que representaría un cambio significativo frente al esquema que ha regido durante décadas en el sistema crediticio panameño.
Riesgos para el sistema financiero
Carrizo sostuvo que el sistema de crédito en Panamá se ha sostenido históricamente sobre un marco contractual claro entre acreedores y deudores, basado en plazos definidos, condiciones de pago y procedimientos legales en caso de incumplimiento.
Desde su perspectiva, intervenir legislativamente para acelerar la prescripción de deudas podría alterar ese equilibrio jurídico y afectar la confianza en las reglas que rigen el crédito en el país.
“Tiene que llevar el proceso que se ha llevado por años, por décadas, donde es un tema contractual entre el deudor y el acreedor”, señaló.
El gerente del banco estatal también expresó preocupación por el impacto que la norma podría tener sobre la protección de los recursos administrados por las instituciones financieras, especialmente cuando se trata de fondos que pertenecen a los depositantes.
“Meter la mano en estos momentos para acelerar la caducidad de los préstamos no tiene ningún sentido y vamos a proteger a los depositantes”, afirmó.
Qué plantea el proyecto de ley
El proyecto aprobado por la Asamblea Nacional establece un mecanismo para que bancos y entidades financieras reconozcan administrativamente la prescripción de ciertas deudas de sus clientes, sin necesidad de una declaración judicial previa.
La medida aplicaría a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, emisores de tarjetas de crédito y otras entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
La propuesta se fundamenta en el artículo 1652 del Código de Comercio, que establece que algunas acciones derivadas de contratos financieros prescriben en un plazo de tres años.
Además, el proyecto crea un procedimiento para que los clientes puedan solicitar el reconocimiento de la prescripción directamente a la entidad financiera.
De acuerdo con el texto aprobado, el deudor podrá presentar la solicitud a través del Sistema de Atención de Reclamos del banco y la entidad tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir una respuesta.
Si la solicitud es rechazada, el banco deberá explicar las razones al cliente, quien podrá acudir posteriormente ante la Superintendencia de Bancos para presentar un reclamo.
La iniciativa también establece que, si la entidad financiera no responde dentro del plazo previsto, el silencio administrativo se interpretará como aceptación de la prescripción de la deuda, lo que obligaría al banco a reconocerla.
Este punto ha generado preocupación dentro del sector financiero, que advierte que el reconocimiento automático o administrativo de la prescripción podría alterar la forma en que tradicionalmente se gestionan los créditos y los procesos de cobro, que hasta ahora suelen resolverse en el ámbito judicial.
