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La Contraloría General de la República de Panamá aclaró su posición frente al comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación de Panamá, asegurando que su actuación se ha mantenido dentro del marco legal y con pleno respeto a las competencias de las autoridades judiciales.
La institución enfatizó que en ningún momento sus funcionarios, ni el contralor, han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso. Por el contrario, destacó que ha actuado de manera consistente, respaldada por la realización de 365 auditorías y la presentación de denuncias debidamente sustentadas ante las instancias correspondientes.
⚖️ Presencia en la Fiscalía y aclaración de hechos
Según el comunicado oficial, la presencia del contralor en instalaciones de la Fiscalía respondió únicamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la entidad que estaban siendo entrevistados durante más de ocho horas.
La Contraloría señaló que esta acción se dio en un contexto de inquietud sobre el alcance y la forma en que se desarrollaban dichas diligencias, subrayando que su intención no fue intervenir en los procesos, sino velar por el adecuado desarrollo de las funciones de sus colaboradores.
🛡️ Defensa del debido proceso y la institucionalidad
La entidad reiteró que las investigaciones son fundamentales dentro del Estado de derecho, pero deben ejecutarse con estricto apego al debido proceso y respetando las competencias de cada institución.
Asimismo, destacó la importancia de garantizar que los servidores públicos encargados de labores de fiscalización puedan desempeñar su trabajo sin que se generen interpretaciones que afecten su labor técnica.
En este contexto, la Contraloría reafirmó su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la colaboración interinstitucional, en línea con lo establecido en la normativa vigente.
🤝 Compromiso con la cooperación estatal
Finalmente, la institución reiteró su disposición de colaborar con todas las instancias del Estado, promoviendo una actuación coordinada que fortalezca la institucionalidad y la confianza ciudadana.
Este compromiso se enmarca en lo dispuesto por la Ley 32 de 1986, que establece la coordinación entre la Contraloría y el Ministerio Público como un elemento clave para la gestión pública y la lucha contra posibles irregularidades.
