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El rechazo al proyecto de ley 491 continúa creciendo entre los principales gremios empresariales de Panamá, que advierten sobre posibles efectos negativos en la competitividad, la inversión y la estabilidad económica del país.
La iniciativa, que se discute en la Asamblea Nacional, propone establecer un cargo de B/.1.50 por cada contenedor de 20 pies que ingrese al país, con el objetivo de crear un fondo destinado a mejorar las pensiones de jubilados que reciben menos de 600 dólares mensuales.
A la postura inicial de la Cámara Marítima de Panamá se han sumado organizaciones como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), consolidando un frente común en contra del proyecto.
Los gremios señalan que trasladar el financiamiento de una obligación social al sector logístico representa un cambio significativo que podría afectar uno de los principales motores de la economía nacional.
Entre las principales preocupaciones está el posible aumento de costos operativos en el sistema portuario, lo que podría generar un desvío de carga hacia otros hubs regionales, afectando el volumen de mercancías que transita por Panamá.
Asimismo, advirtieron que el sector logístico, que representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto, podría ver comprometida su competitividad en un entorno internacional altamente sensible a los costos.
Los gremios también señalaron que la medida podría tener efectos en cadena sobre la economía, al trasladarse los costos a la cadena productiva, lo que eventualmente impactaría al consumidor final.
Otro punto crítico es la falta de estudios actuariales y de sostenibilidad financiera que respalden la propuesta, así como posibles implicaciones legales relacionadas con contratos de concesión portuaria.
Frente a este escenario, tanto APEDE como la CCIAP coincidieron en la necesidad de someter el proyecto a un análisis técnico integral antes de su eventual aprobación.
Aunque reconocen la importancia de mejorar las condiciones de los jubilados, los gremios insistieron en que las soluciones deben ser sostenibles y alineadas con la estrategia económica del país.
