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La ciudad de Panamá vuelve a quedar en el centro de una fuerte polémica social luego de que el diputado Ernesto Cedeño presentara una denuncia contra el alcalde capitalino Mayer Mizrachi, tras los operativos realizados para desalojar a decenas de buhoneros que, por años, han sobrevivido gracias al trabajo informal en las calles de la capital.
La acción, ejecutada con apoyo de la Policía Municipal y bajo un despliegue que muchos califican como excesivo, dejó imágenes dolorosas: hombres y mujeres humildes viendo cómo les quitaban su mercancía, su sustento y, en muchos casos, la única forma digna de llevar comida a sus hogares.
Para el diputado Cedeño, la situación no solo representa un abuso de autoridad, sino también una desconexión alarmante entre quienes gobiernan y la realidad del pueblo panameño.
“No se puede administrar una ciudad persiguiendo pobres como si fueran delincuentes”, expresó enérgicamente el diputado, cuestionando el uso de la fuerza y la manera en que fueron tratados trabajadores informales que luchan diariamente por sobrevivir en medio de una economía golpeada.
La indignación ciudadana no se ha hecho esperar. En redes sociales y distintos sectores populares crece el rechazo hacia una medida que muchos consideran fría, insensible y deshumanizada. Porque detrás de cada puesto improvisado hay historias reales: madres solteras, adultos mayores, padres desempleados y jóvenes que encontraron en la venta ambulante una alternativa ante la falta de oportunidades.
El debate va mucho más allá del ordenamiento urbano. Aquí se confrontan dos visiones de ciudad: una que apuesta por la inclusión y otra que parece preferir esconder la pobreza en lugar de resolverla.
Nadie discute la necesidad de poner orden. Pero el orden jamás puede construirse destruyendo el derecho al trabajo ni humillando a quienes menos tienen. La autoridad no puede convertirse en sinónimo de represión.
Panamá necesita gobernantes con sensibilidad social, capaces de sentarse a dialogar y buscar soluciones humanas, no espectáculos de fuerza contra ciudadanos indefensos.
Porque cuando el poder golpea al más débil, deja de ser autoridad y comienza a parecer abuso.
