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La Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas ordenaron medidas cautelares y secuestros de bienes por más de B/.18.2 millones contra exfuncionarios y personas investigadas por presuntas irregularidades relacionadas con fondos públicos.
Las resoluciones, emitidas entre octubre de 2025 y mayo de 2026, incluyen la cautelación de propiedades, cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo, cajillas de seguridad, vehículos, naves, aeronaves y otros activos, con el objetivo de garantizar eventuales procesos de recuperación patrimonial.
Los expedientes involucran al exdirector de la Dirección General de Ingresos, Publio Anselmo De Gracia Tejada; al exfuncionario Noriel Antonio Araúz Villarreal; y a la exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia Yannick Del Río Fernández.
El caso de mayor cuantía corresponde a Publio De Gracia. El Tribunal de Cuentas ordenó, mediante el Auto N.° 373-2025 del 27 de octubre de 2025, la cautelación y puesta fuera de comercio de bienes hasta por B/.16,318,108.51.
La medida surge a partir de una auditoría relacionada con la empresa FCC Construcción S.A. y una presunta incorrección en el proceso de exoneración del pago de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Complementario y recargos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015.
Según el expediente, la auditoría determinó una posible afectación patrimonial al Estado por más de B/.16 millones, derivada del supuesto desconocimiento de normas tributarias para el otorgamiento de excepciones fiscales.
De Gracia rechazó las conclusiones de la auditoría y aseguró que el proceso investigado corresponde a un acuerdo extraordinario de pago sustentado en una ley aprobada en 2021 para la regularización tributaria tras la pandemia. También negó haber favorecido o beneficiado a alguien de forma irregular y sostuvo que sus actuaciones fueron transparentes.
El exdirector de la DGI también cuestionó la competencia de la Contraloría para determinar la corrección de procesos tributarios y negó poseer aeronaves o embarcaciones, pese a que estos bienes aparecen dentro de los activos susceptibles de cautelación en la resolución.
Los otros dos expedientes fueron impulsados directamente por la Contraloría mediante auditorías forenses patrimoniales enfocadas en diferencias entre ingresos conocidos y movimientos financieros.
En marzo de 2026, la entidad ordenó medidas precautorias contra Noriel Antonio Araúz Villarreal hasta por B/.1,319,984.42, luego de detectar una diferencia entre los recursos monetarios utilizados y los fondos provenientes de fuentes conocidas.
Dos meses después, en mayo de 2026, la Contraloría emitió una resolución similar contra Nadia Yannick Del Río Fernández, por una diferencia patrimonial de B/.576,768.86, según la auditoría forense.
Las resoluciones se apoyan en nuevas herramientas institucionales para proteger los intereses públicos, incluyendo medidas precautorias que permiten congelar bienes, suspender pagos, intervenir cuentas y ordenar secuestros patrimoniales preventivos.
Estas medidas cautelares no constituyen condenas definitivas ni equivalen automáticamente a responsabilidad penal. Su finalidad es preservar bienes mientras avanzan las investigaciones administrativas y los procesos de cuentas.
