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El Consejo de Gabinete aprobó presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 1-26, que ordena el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional, como parte de una propuesta para modernizar la política nacional de vivienda.
La iniciativa busca transformar el actual modelo institucional hacia un sistema más eficiente, sostenible financieramente y con mayor cobertura social para garantizar el derecho a la vivienda.
Bajo el nuevo esquema, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial asumirá la rectoría de la Política Nacional de Vivienda, mientras que la Caja de Ahorros ejercerá el rol de banca social hipotecaria.
De acuerdo con el Gobierno, esta reorganización permitirá evitar duplicidades, reducir costos operativos, fortalecer el crédito social y habilitar mecanismos modernos de articulación público-privada para la producción de vivienda social.
El proyecto establece que el cierre del Banco Hipotecario Nacional se ejecutará de forma progresiva mediante un Plan de Transición Institucional, que será elaborado por un Comité de Transición y deberá contar con aprobación del Órgano Ejecutivo.
Una vez promulgada la ley, el proceso de cierre no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027.
El Comité de Transición estará integrado por el Miviot, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República, entidades que coordinarán los trámites necesarios para el cierre de operaciones del banco.
Las funciones que ejercía el Banco Hipotecario en materia de diseño, rectoría, subsidios, programas de vivienda de interés social, planificación, desarrollo de proyectos público-privados y articulación territorial pasarán a ser competencia del Miviot.
Por su parte, las competencias relacionadas con financiamiento hipotecario, administración crediticia y estructuración de productos financieros corresponderán a la Caja de Ahorros.
La Junta Directiva de la Caja de Ahorros deberá determinar, mediante un régimen especial, el proceso de migración de carteras de los productos hipotecarios y financieros del Banco Hipotecario, garantizando la continuidad de atención a los usuarios transferidos.
El proyecto aclara que esta disposición no constituye una fusión bancaria. La Caja de Ahorros deberá manejar estas carteras por separado de sus operaciones bancarias regulares.
La propuesta también contempla la creación de un Régimen de Colaboración Público-Privada Habitacional, mediante la Dirección del Fondo de Vivienda Social, adscrita al Miviot y coordinada por el ministro de la entidad.
Esta dirección tendrá a su cargo el desarrollo de proyectos de interés social con participación del sector privado, incluyendo iniciativas para la construcción de viviendas destinadas a venta o alquiler social.
