El pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con 70 votos en tercer debate, el Proyecto de Ley 641, que adiciona y modifica artículos al Código Fiscal para establecer requisitos de sustancia económica sobre determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.
La iniciativa, discutida durante sesiones extraordinarias, introduce un régimen impositivo excepcional dirigido a las llamadas “empresas de papel”, es decir, entidades que mantienen presencia formal en Panamá sin desarrollar una actividad económica real en el país.
El proyecto establece, en el nuevo artículo 707 del Código Fiscal, una tarifa única y definitiva de 15% sobre la renta neta gravable del período fiscal correspondiente para los ingresos de rentas pasivas de fuente extranjera obtenidos por entidades no calificadas.
Según el texto aprobado, esta imposición será excepcional y no generará ningún otro impuesto adicional.
La regla de sustancia económica exige que las operaciones de una empresa reflejen su realidad económica y comercial por encima de su forma jurídica. En materia fiscal, esto obliga a las multinacionales a demostrar presencia física, actividad real, recursos humanos, activos y gestión efectiva en el país.
El régimen especial aplicará únicamente a las entidades que no logren acreditar esa presencia económica efectiva. Las multinacionales calificadas que sí cumplan con los requisitos conservarán su tratamiento bajo el régimen vigente.
El Ministerio de Economía y Finanzas defendió la iniciativa como un paso esencial para que Panamá sea evaluado con miras a su exclusión de las listas grises de la Unión Europea.
La revisión europea está prevista para 2026 y, según la posición del Ejecutivo, esta reforma forma parte de una estrategia integral para fortalecer la credibilidad del país, proteger su modelo económico y generar mayores oportunidades para los panameños.
El Gobierno también sostiene que desplazar estructuras vacías y promover la presencia de transnacionales con actividad real en Panamá podría contribuir a la generación de empleos formales dentro del territorio nacional.
Durante la discusión, representantes del Legislativo y voceros del Gobierno coincidieron en que la norma busca blindar el sistema tributario panameño conforme a reglas internacionales, sin abandonar el principio de territorialidad fiscal.
El proyecto también introduce el informe de sustancia económica, un documento oficial que las empresas alcanzadas deberán presentar ante las autoridades fiscales o regulatorias para demostrar que cumplen con los requisitos establecidos.
Con esta aprobación, Panamá avanza en la adecuación de su marco fiscal a estándares internacionales de transparencia, presencia real y cumplimiento tributario.
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