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La reciente evasión de privados de libertad del centro penitenciario La Joyita no puede ser vista únicamente como un hecho aislado o una simple falla de seguridad. La magnitud del incidente obliga a plantear preguntas más profundas sobre los intereses que podrían estar moviéndose detrás de este acontecimiento.
Panamá ha vivido durante décadas una lucha constante contra estructuras criminales que han intentado infiltrar instituciones, corromper funcionarios y convertir los centros penitenciarios en verdaderos centros de operaciones del delito. Precisamente por ello, resulta oportuno analizar si esta fuga podría formar parte de una estrategia más amplia orientada a desestabilizar los esfuerzos que actualmente se realizan para recuperar el control del sistema penitenciario.
Desde su llegada al Ministerio de Gobierno, la ministra Dinoska Montalvo ha impulsado una agenda enfocada en la resocialización, el fortalecimiento institucional y la recuperación de la autoridad dentro de los centros penales. Por su parte, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, ha desarrollado acciones dirigidas a mejorar los controles internos y reducir los espacios de influencia que tradicionalmente han mantenido las organizaciones criminales.
Cuando un sistema comienza a cerrar puertas a quienes durante años se beneficiaron del desorden, la corrupción y la impunidad, las reacciones suelen aparecer. No sería la primera vez, ni en Panamá ni en otros países, que grupos criminales intentan enviar mensajes de poder mediante hechos espectaculares que buscan generar desconfianza ciudadana y cuestionar la capacidad de las autoridades.
La pregunta que corresponde hacer es sencilla: ¿a quién beneficia esta fuga? Ciertamente no beneficia al país, tampoco a los miles de privados de libertad que participan en programas de rehabilitación y mucho menos a los funcionarios honestos que trabajan diariamente dentro del sistema penitenciario. Quienes sí podrían obtener ventajas son aquellas redes que buscan demostrar que aún conservan capacidad de influencia y que pretenden sembrar la percepción de que ningún esfuerzo de reforma puede prosperar.
Por supuesto, corresponde a las autoridades investigativas determinar responsabilidades individuales y establecer si existió complicidad interna, negligencia o la participación de estructuras criminales organizadas. Pero más allá de las conclusiones judiciales, el país debe evitar caer en la trampa de convertir un hecho grave en una excusa para desmantelar procesos de transformación que apenas comienzan a mostrar resultados.
La respuesta correcta no es retroceder. La respuesta correcta es profundizar las investigaciones, sancionar a los responsables y fortalecer aún más los mecanismos de control. Cada intento de sabotaje debe convertirse en una oportunidad para cerrar brechas y robustecer las instituciones.
Si esta fuga fue producto de una red criminal organizada, como algunos indicios podrían sugerir, entonces el mensaje debe ser claro: el Estado no puede permitir que quienes se sienten afectados por el orden y la disciplina vuelvan a imponer las reglas del caos.
Los panameños merecen conocer toda la verdad sobre lo ocurrido en La Joyita. Pero también merecen que el debate se enfoque en cómo fortalecer el sistema y no en debilitar a quienes están tratando de transformarlo. La lucha por recuperar los centros penitenciarios será larga y compleja, precisamente porque afecta intereses poderosos. Y cuando esos intereses se sienten amenazados, suelen reaccionar.
La verdadera prueba para el Gobierno no será evitar que ocurran incidentes, sino demostrar que tiene la capacidad de enfrentarlos, investigarlos y convertirlos en un paso más hacia la construcción de un sistema penitenciario más seguro, humano y efectivo.
