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Un juez de garantías de la provincia de Chiriquí imputó cargos y ordenó la detención de una pareja por la presunta comisión del delito de explotación sexual en perjuicio de ocho menores de edad en el distrito de Barú.
Los menores fueron rescatados de una residencia este miércoles durante una operación realizada por el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Fronteras.
La audiencia se llevó a cabo este jueves en el Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, donde el Ministerio Público sustentó los elementos de convicción contra los imputados.
De acuerdo con las pesquisas, los ocho menores fueron ubicados en una vivienda en Barú, Puerto Armuelles, donde presuntamente eran víctimas de explotación y abusos sexuales.
Las autoridades mantienen abierta la investigación y buscan a otras personas que presuntamente habrían cometido actos de abuso en perjuicio de los menores de edad.
Estos nuevos investigados podrían enfrentar cargos por la presunta comisión del delito de abuso sexual, según avance el proceso.
El caso guarda posible relación con investigaciones previas desarrolladas por el Ministerio Público en la provincia de Chiriquí, entre ellas la operación Trillizas, realizada en 2023.
En aquella operación, las autoridades aprehendieron a 11 personas vinculadas a delitos contra el orden jurídico familiar, la libertad e integridad sexual, en perjuicio de menores de edad.
La investigación de 2023 reveló que los implicados ofrecían servicios sexuales con menores y difundían imágenes de niños en redes sociales.
Durante ese proceso, dos personas alcanzaron acuerdos de pena de 172 y 111 meses de prisión por el delito de explotación sexual de menores.
En el caso actual, también se ordenó la detención provisional de otros ciudadanos imputados por delitos graves, entre ellos trata de personas con fines de explotación sexual de menores, corrupción de personas menores de edad, violación y pago por actos sexuales.
Las autoridades reiteran que las investigaciones continúan para determinar la participación de todos los presuntos involucrados y garantizar la protección de las víctimas menores de edad.
