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El Gobierno Nacional anunció el inicio del proceso para que el Estado panameño adquiera la totalidad de la participación privada en Petroterminal de Panamá, S.A., equivalente al 41% de las acciones de la empresa.
Una vez concluida la transacción, la República de Panamá pasaría a ser propietaria del 100% de Petroterminal de Panamá, consolidando el control estatal sobre una de las infraestructuras estratégicas más relevantes del país.
Según el Gobierno, la operación busca fortalecer la gestión de un activo clave para el desarrollo logístico y energético de Panamá, así como generar mayores beneficios económicos, oportunidades e ingresos para la nación.
La adquisición se realizará mediante el ejercicio de un derecho contractual vigente desde 1977, establecido en la Cláusula Décima del Contrato de Asociación, aprobado por la Asamblea Nacional y aceptado por las partes involucradas.
El Ejecutivo destacó que el proceso no representa una expropiación ni una modificación unilateral de las condiciones contractuales.
De acuerdo con la información oficial, se trata del ejercicio de una opción de compra prevista desde la creación de la empresa y aceptada por todos los accionistas.
El mecanismo financiero previsto permitiría que la adquisición sea pagada con los ingresos y flujos generados por la propia empresa.
Por ello, el Gobierno aseguró que la operación no requerirá recursos del Tesoro Nacional, no implicará endeudamiento público ni afectará el financiamiento de obras, programas sociales o inversiones estatales.
El proceso también contempla mantener la estabilidad de los puestos de trabajo existentes, la continuidad de los contratos con proveedores y la prestación eficiente de servicios a los clientes de Petroterminal de Panamá.
El precio de adquisición será determinado conforme a la metodología establecida en el Contrato de Asociación.
La fórmula será aplicada sobre los estados financieros auditados de Petroterminal de Panamá, con criterios objetivos, verificables y sustentados en la información financiera de la empresa.
Según el Gobierno, esto evitará que el valor de la participación sea fijado de forma discrecional por la administración pública o por la compañía.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que Panamá está tomando decisiones pensando en el futuro de la nación y con apego a la ley.
“Panamá está construyendo un mejor futuro, tomando las mejores decisiones y pensando en el porvenir de la nación. Lo hacemos con estricto apego a la ley, a la responsabilidad financiera que exige la administración de los activos públicos y en armonía con los trabajadores, proveedores y accionistas”, afirmó Chapman.
El ministro agregó que el objetivo es que esta infraestructura estratégica genere cada vez más valor y mayores beneficios para todos los panameños.
La estrategia del Gobierno contempla promover nuevas inversiones en los sectores energético, logístico y marítimo, impulsar la generación de empleo y fortalecer la posición de Panamá como centro regional.
También busca preservar bajo propiedad nacional una infraestructura considerada estratégica y maximizar, en el largo plazo, los beneficios económicos y sociales derivados de este activo.
El Ejecutivo afirmó que la consolidación de la propiedad estatal estará acompañada de un modelo de gestión basado en estándares internacionales de eficiencia, seguridad, transparencia, gobernanza corporativa y competitividad.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que comunicará oportunamente las siguientes etapas del proceso, respetando la confidencialidad de la información financiera y contractual protegida por la ley.
