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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información sancionó a 20 funcionarios tras culminar diversas investigaciones administrativas por faltas al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
La entidad informó que las medidas incluyen descuentos salariales, multas y recomendaciones de destitución, dependiendo de la gravedad de cada caso.
Entre los casos destacados figura la Universidad Autónoma de Chiriquí, donde fueron sancionados 10 servidores públicos por incurrir en nepotismo al laborar dentro de la misma unidad administrativa junto a familiares.
En esa misma institución, una funcionaria recibió una sanción equivalente al descuento del 30% de su salario mensual por uso inadecuado del tiempo de trabajo, luego de acumular 33 tardanzas en un periodo de cuatro meses.
En la Caja de Seguro Social, ANTAI recomendó la destitución de dos funcionarias por faltas graves relacionadas con el registro de asistencia.
La investigación determinó que no existían resoluciones formales que las eximieran de dicho control ni mecanismos suficientes para verificar el cumplimiento de sus jornadas.
Otro de los casos involucra a la Alcaldía de Arraiján, donde se impuso a la alcaldesa una multa equivalente al 50% de su salario mensual.
Según ANTAI, la sanción responde a un conflicto de intereses por la contratación de dos primos hermanos.
La entidad precisó que, aunque los contratados renunciaron en enero, la contratación constituyó una vulneración a las disposiciones éticas vigentes.
Además, ANTAI recomendó la destitución de una funcionaria vinculada por afinidad con la alcaldesa, al considerar que la situación también configuraba un conflicto de intereses.
La entidad también sancionó a dos servidores públicos de la Dirección General de Ingresos regional de Coclé por conflicto de intereses.
Entre los hechos acreditados, uno de los funcionarios representaba de manera particular a otra servidora pública en procesos litigiosos durante su jornada laboral.
ANTAI también sancionó a un servidor público del INADEH por no reunir los requisitos establecidos para el cargo que ocupaba.
En el Ministerio de Educación regional de Chiriquí, otro servidor público fue sancionado por incumplir su jornada laboral.
Mientras tanto, en la Gobernación de Panamá, una funcionaria fue sancionada luego de comprobarse que no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo en el que fue nombrada.
La ANTAI reiteró que continuará ejerciendo sus funciones dentro de sus competencias, con objetividad, independencia y apego a la ley.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles internos, la ética pública y la transparencia en los nombramientos dentro de las instituciones del Estado.
